El decreto de Donald Trump sobre una reserva de bitcoin en Estados Unidos sigue sin contar con un inventario público de los activos que deberían integrarla. El vacío, que ya se prolonga durante 560 días, ha llevado al Congreso a plantear una ley para tratar de resolver cómo debe custodiarse esa reserva.
Una reserva sin inventario publicado
La existencia de la reserva está recogida en un decreto presidencial, pero la información disponible no incluye un listado público de los bitcoins que formarían parte de ella. Tampoco se ha publicado el inventario que permitiría conocer con precisión qué activos están bajo su control.
La falta de ese documento deja pendiente una cuestión básica para aplicar el decreto: identificar de forma oficial los fondos que deben quedar comprendidos dentro de la reserva. El retraso se ha mantenido durante 560 días, según la información de referencia.
El Congreso intenta cubrir el vacío legal
Ante esa situación, una iniciativa legislativa en el Congreso busca establecer un marco para la custodia de la reserva de bitcoin. La propuesta pretende abordar el vacío que persiste desde la aprobación del decreto y dar una base legal más clara a la gestión de esos activos.
El movimiento no equivale a la publicación del inventario. Por ahora, el documento sigue sin hacerse público y la ley se encuentra en fase de intento de resolución del problema planteado por esa ausencia.
El punto pendiente para ejecutar el decreto
La controversia se concentra así en la distancia entre la decisión política de crear la reserva y la información necesaria para verificar su composición. Sin un inventario público, no es posible conocer oficialmente el alcance de la reserva ni comprobar qué bitcoin queda incluido en ella.
La iniciativa del Congreso introduce una nueva vía para ordenar la custodia, pero el principal dato pendiente continúa siendo el mismo: el inventario que el decreto necesita y que todavía no se ha publicado.
