Arbistar transfirió 881 bitcoins a otras carteras el mismo día de su colapso, en septiembre de 2020, según un informe de la Guardia Civil recogido en un auto de la Audiencia Nacional. Esos activos llegaron a tener un valor de 32,5 millones de euros meses después, de acuerdo con la resolución judicial.
La plataforma de criptomonedas, con sede en el sur de Tenerife, comunicó entonces problemas de liquidez. La investigación sostiene que parte de los movimientos se realizó mediante mecanismos destinados a dificultar el seguimiento de los fondos, incluido el uso de un servicio de mezcla de criptomonedas. El informe no identifica qué servicio concreto fue utilizado.
Movimientos masivos y nuevos investigados
El análisis de la Guardia Civil también detectó entradas y salidas por más de 20.000 bitcoins en las carteras vinculadas a los investigados entre enero y marzo de 2021. Esa cifra equivalía a unos 710 millones de euros al valor de entonces, pero corresponde al volumen agregado de los flujos y no al importe presuntamente defraudado.
El informe describe además “envíos masivos” de criptomonedas a personas del entorno de la empresa. La Fiscalía atribuye esas transferencias a los tres fundadores, encabezados por Santiago Fuentes Jover. Algunos de los beneficiarios serían familiares de los administradores. Cuatro de esas personas han pasado a estar investigadas, mientras que otras ocho continúan sin identificar.
La Audiencia Nacional ha anulado la decisión adoptada en marzo de no ampliar la lista de investigados. Según el tribunal, esa negativa no puede convertirse en una “garantía de impunidad” para los posibles responsables. La agencia EFE sitúa en abril la apertura de una pieza separada por presunto blanqueo de capitales, en la que cuatro personas absueltas en la causa principal por estafa pasan a ser investigadas. También se ha abierto una pieza de responsabilidad civil contra un exdirectivo.
La condición de investigado no implica culpabilidad y todos los afectados mantienen la presunción de inocencia. El auto señala que Fuentes Jover, el condenado Diego Felipe Fernández Nojarova y otras dos personas transfirieron grandes cantidades de criptomonedas a los nuevos investigados.
Un producto basado en el supuesto arbitraje
Arbistar captaba principalmente a pequeños inversores a través de su producto Community Bot, presentado como un sistema automatizado de arbitraje. La investigación apuntaba a rentabilidades mensuales de entre el 8% y el 15%, con pagos semanales los sábados.
La Sala de Apelación concluyó que el bot “no existía como sistema automatizado operativo” y que los pagos a antiguos inversores se realizaban con fondos aportados por nuevos participantes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores advirtió en octubre de 2020 de que Arbistar no estaba autorizada para prestar servicios de inversión.
Según el Consejo General del Poder Judicial, el caso afectó a unas 32.000 personas y a más de 200 millones de euros entre mayo de 2019 y septiembre de 2020.
Las condenas todavía pueden recurrirse
La Sala de Apelación elevó el 11 de marzo de 2026 las penas impuestas a los principales responsables al condenarlos también por organización criminal. Santiago Fuentes Jover recibió una pena de 16 años y seis meses, mientras que Diego Felipe Fernández Nojarova fue condenado a 11 años y seis meses.
Ambos deberán indemnizar a 9.494 personas incluidas en el listado de la Fiscalía, aunque las cantidades concretas se determinarán durante la ejecución de la sentencia. Los condenados prepararon recursos de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que el proceso de indemnización sigue pendiente. Las condenas, por tanto, todavía no son firmes.
