Las normas europeas que impulsan la fabricación de baterías para coches eléctricos dentro de la Unión Europea encarecerán estos vehículos en 2.100 euros, según un nuevo informe citado por Euronews. El estudio cuestiona que la estrategia industrial comunitaria vaya a reforzar la competitividad del sector y advierte de que sus costes recaerán sobre consumidores y contribuyentes.
Más costes para el coche eléctrico
El informe sostiene que las exigencias vinculadas a unas baterías “Made in Europe” elevarán el precio final de los automóviles eléctricos. La estimación sitúa el incremento en 2.100 euros por vehículo, una cifra que afectaría directamente a los compradores en un mercado en el que el precio sigue siendo uno de los principales obstáculos para la adopción de esta tecnología.
La medida forma parte de la respuesta europea a las dificultades de su industria automovilística y al reto de desarrollar una cadena de suministro propia para las baterías. Sin embargo, el análisis considera que el diseño de esta estrategia no resolverá necesariamente los problemas de competitividad del sector.
Críticas a la estrategia industrial europea
La principal conclusión del documento es que las reglas protegen a los fabricantes ya consolidados en lugar de ayudarles a competir en mejores condiciones. Esa protección, según el informe, se obtiene trasladando parte de la carga económica a los consumidores y a las arcas públicas.
El debate enfrenta dos objetivos de la política industrial europea: reducir la dependencia exterior en un componente clave del vehículo eléctrico y mantener precios accesibles para los compradores. El informe cuestiona que las normas actuales logren equilibrar ambos intereses y advierte de que el coste de fabricar baterías dentro de Europa puede terminar debilitando la demanda y la posición competitiva de los fabricantes.
La estimación de 2.100 euros corresponde a la valoración recogida en el informe y no implica, por sí sola, que todos los modelos eléctricos vayan a registrar exactamente el mismo aumento. El documento pone el foco en el efecto agregado de las normas sobre la estructura de costes del sector y en quién acaba asumiendo ese impacto.
