Ecuador incorporó los criptoactivos a su marco de intercambio automático de información tributaria con otros países. El Servicio de Rentas Internas (SRI) aprobó la medida mediante la Resolución NAC-DGERCGC26-00000038, publicada el 4 de noviembre en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial 402. El primer informe incluirá los datos correspondientes al ejercicio 2026 y deberá presentarse en mayo de 2027.
La resolución establece nuevas reglas para el intercambio automático de información financiera y para el Anexo de Cuentas Financieras de No Residentes, conocido como Anexo CRS. La norma sustituye y deroga la Resolución NAC-DGERCGC23-00000031, vigente desde 2023, y comenzó a regir desde su publicación.
El marco del CRS incorpora determinados criptoactivos
La referencia técnica utilizada por el SRI es el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, la resolución no adopta el CARF como un régimen completo e independiente. Sus comentarios se aplicarán como criterio interpretativo únicamente cuando sean compatibles con las reglas ecuatorianas.
La norma también recoge las enmiendas de 2023 al Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE. Esos cambios amplían el marco para incluir el dinero electrónico, las monedas digitales de banco central y determinados criptoactivos.
Uno de los aspectos relevantes es el tratamiento de la custodia. Según el análisis citado por AVL Abogados, la custodia de las claves que permiten controlar los activos puede configurar una cuenta de custodia. En la práctica, una plataforma que conserve esas claves podría quedar sometida a obligaciones de reporte similares a las de un custodio financiero, dependiendo de la actividad que realice.
Qué entidades tendrán que informar al SRI
La obligación no recae directamente sobre cada usuario, sino sobre las instituciones consideradas obligadas. El alcance incluye bancos, entidades de inversión y proveedores de servicios de criptoactivos que operen profesionalmente para sus clientes, actúen como intermediarios o gestionen plataformas de negociación.
El reporte puede abarcar operaciones de intercambio de criptoactivos por dólares y también canjes entre distintos criptoactivos. Los exchanges y otros intermediarios deberán identificar la residencia fiscal de sus clientes y comunicar la información exigida por la normativa.
El primer plazo se extenderá del 10 al 28 de mayo de 2027, en función del noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), e incluirá la información de 2026. El incumplimiento del Anexo CRS puede acarrear una sanción de 500 remuneraciones básicas unificadas por requerimiento, según AVL Abogados. El Comercio sitúa ese máximo por encima de los 241.000 dólares.
La información podrá compartirse con más de un centenar de administraciones tributarias, aunque el intercambio efectivo dependerá de que existan acuerdos vigentes entre Ecuador y los países correspondientes y de que estos formen parte del Foro Global.
Qué implica para los residentes fiscales
Las plataformas podrán solicitar a sus clientes una autocertificación de residencia fiscal al abrir o actualizar una cuenta. Proporcionar datos falsos para evitar los controles puede ser sancionado con una multa de entre el 6% de una remuneración básica y dos remuneraciones básicas, según la información citada por El Comercio.
Los saldos mantenidos en plataformas extranjeras también podrían llegar al SRI si la administración tributaria del país donde opera la plataforma intercambia esos datos con Ecuador. Además, las ganancias obtenidas por residentes fiscales ecuatorianos pueden quedar sujetas a declaración en el impuesto sobre la renta.
La resolución no convierte en ilegal la tenencia de criptoactivos ni obliga a los particulares a presentar el Anexo CRS. Tampoco supone un registro automático de todas las billeteras o de cada operación entre personas. La aplicación dependerá del tipo de activo, de la operación y de la intervención de un proveedor obligado.
Quedan por concretar, entre otros puntos, qué plataformas estarán incluidas en la lista de sujetos obligados, con qué países se producirá el intercambio efectivo y si el SRI publicará una guía específica para personas físicas antes del primer reporte de mayo de 2027. La medida tiene carácter tributario y no sustituye el proyecto de ley sobre activos virtuales ni el registro de exchanges pendiente en Ecuador.
