El plan de Donald Trump para importar diésel ruso a Estados Unidos con el objetivo de contener el encarecimiento de los carburantes podría chocar con una prohibición aprobada por el Congreso estadounidense. Juristas y legisladores de ambos partidos sostienen que las exenciones anunciadas por la Casa Blanca no bastan para autorizar la entrada del combustible.
Un acuerdo con Moscú condicionado por las sanciones
Trump anunció el 9 de octubre un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para que Rusia suministre unos 2,2 millones de barriles de diésel al mercado estadounidense y al internacional. El pacto contempla nuevas entregas en los meses siguientes y llega en un momento de fuerte presión sobre los precios del combustible en Estados Unidos.
La subida se ha visto agravada por la guerra con Irán. Las interrupciones del transporte en el golfo Pérsico han reducido el flujo de productos petrolíferos y han limitado la oferta disponible. Con las elecciones del 3 de noviembre en el horizonte, la Administración Trump busca aliviar el malestar de los votantes por el coste de los carburantes.
Para facilitar el acuerdo, el Departamento del Tesoro autorizó el 9 de octubre una exención de las sanciones vigentes. Una semana después, el 16 de octubre, Trump suspendió además los nuevos aranceles previstos para los productos energéticos rusos. Según la legislación aprobada recientemente, esos gravámenes debían alcanzar el 500% a partir del 18 de octubre. El presidente justificó la suspensión por el interés nacional de Estados Unidos.
La decisión resulta especialmente controvertida porque Rusia restringe desde julio sus propias exportaciones de productos como el diésel y la gasolina. Entre los motivos figuran los ataques ucranianos contra sus instalaciones energéticas, que han puesto bajo presión parte de su capacidad de producción.
La prohibición aprobada por el Congreso
El principal problema no está necesariamente en las sanciones presidenciales, sino en una ley aprobada en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Esa norma prohíbe importar productos petrolíferos rusos, incluido el diésel, y establece condiciones estrictas para que el presidente pueda levantar la medida.
Entre esos requisitos figuran que Rusia acepte retirar sus tropas y poner fin a las hostilidades en Ucrania, además de dejar de representar una amenaza militar directa para los países de la OTAN. La norma también obliga al presidente a consultar al Congreso y a cumplir formalmente las exigencias legales. La fuente no recoge la existencia de un acuerdo con Ucrania que permita considerar satisfechas esas condiciones.
Un grupo de senadores republicanos y demócratas considera, por ello, que la decisión de Trump vulnera la legislación estadounidense. El congresista demócrata Lloyd Doggett ha expresado la misma acusación. Peter Harrell, jurista vinculado a la Universidad de Georgetown, señala que el presidente puede modificar sanciones adoptadas mediante órdenes ejecutivas, pero no levantar sin más una prohibición de importación establecida por el Congreso.
Harrell ha llegado a desaconsejar a las empresas energéticas estadounidenses acogerse a la nueva exención. Aun así, considera poco probable que el propio Gobierno actúe contra los suministros. El control republicano de ambas cámaras y la capacidad de Trump para vetar una nueva ley reducen también las posibilidades de que prospere, por ahora, el proyecto presentado el 16 de octubre por un grupo de demócratas y un republicano para impedir las importaciones.
Un alivio limitado para el mercado
El acuerdo también ha provocado críticas en Ucrania y entre parlamentarios estadounidenses, que temen que los ingresos adicionales de las ventas energéticas rusas contribuyan a financiar la guerra contra Ucrania.
En el plano energético, los expertos citados prevén que el diésel ruso podría aliviar ligeramente las tensiones del mercado mundial, aunque los volúmenes anunciados son relativamente pequeños. El conflicto en Oriente Próximo sigue impidiendo aprovechar plenamente parte de la capacidad de refino y de las rutas de suministro. Además, las refinerías rusas continúan expuestas a los ataques ucranianos, lo que podría llevar a Moscú a restringir de nuevo sus exportaciones si la producción vuelve a verse afectada.
