La Unión Europea quiere cerrar el 18 de noviembre el acuerdo político que dará base legal al euro digital. Si el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan ese pacto y el reglamento se adopta antes de que termine 2026, el Banco Central Europeo mantiene 2029 como horizonte para una posible primera emisión. Si la negociación se retrasa, la llegada podría desplazarse a 2030.
Una fecha clave, pero todavía no confirmada oficialmente
La presidencia irlandesa del Consejo aspira a lograr el acuerdo con la Eurocámara el miércoles 18 de noviembre, “si es posible”, según informaciones de Agence Europe y The European Post. A 16 de noviembre, sin embargo, no consta un documento oficial del Consejo o del Parlamento que confirme esa fecha ni el formato de la reunión.
Las dos instituciones negocian desde julio el reglamento del euro digital. Parte del texto ya coincide en sus respectivas posiciones, aunque nada será definitivo hasta que concluyan los llamados trílogos y se apruebe el texto final. El calendario contempla que, si hay acuerdo, durante 2027 se termine de pulir la norma y se someta a votación en ambas instituciones.
El proyecto prevé pagos con conexión y también sin conexión a internet. La modalidad offline almacenaría el saldo en el dispositivo del usuario. Según The European Post, si ese dispositivo se pierde, también se perdería ese dinero sin reembolso. El BCE plantea que el uso básico sea gratuito para los particulares, mientras que los bancos podrían cobrar por servicios adicionales.
Las cuestiones que aún separan al Consejo y al Parlamento
Uno de los principales puntos pendientes son las comisiones que pagarían los comercios. El Parlamento plantea que los límites se calculen por establecimiento, mientras que el Consejo defiende topes nacionales. También falta cerrar una estructura de tarifas uniforme para la zona euro y la duración del modelo transitorio. El Consejo propone que ese periodo no supere los diez años.
Otra disputa gira en torno a la cláusula conocida como “no worse off”, defendida por el Parlamento y rechazada por Francia. Su incorporación determinaría cómo se protege a los comercios frente a posibles costes adicionales vinculados al nuevo medio de pago.
La negociación también debe resolver quién podrá prestar los servicios relacionados con el euro digital y cómo se designarán sus proveedores. Además, las instituciones deben decidir si las personas sancionadas por terceros países —entre ellas, varios jueces de la Corte Penal Internacional— podrán utilizarlo.
El límite de tenencia está previsto, pero todavía no tiene cifra. Los textos del Consejo y del Parlamento no fijan un importe. La diferencia está en quién debe establecerlo: el Parlamento quiere que sea la Comisión Europea, mientras que el Consejo pretende asumir esa decisión. En ambos casos, habría asesoramiento del BCE.
Un posible lanzamiento en 2029
El BCE quiere estar preparado para una “posible primera emisión” en 2029, siempre que la legislación se adopte antes de finalizar 2026. Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del banco central, pidió el 10 de noviembre a los eurodiputados que cerrasen el trílogo y aprobasen la norma antes de fin de año. Un retraso, advirtió, podría aplazar la introducción del euro digital.
El calendario del BCE incluye un piloto de doce meses en el segundo semestre de 2027 con 36 proveedores de servicios de pago. Durante esa prueba, el euro digital no tendría curso legal. Si no se alcanza el acuerdo previsto, la presidencia irlandesa dejaría el expediente abierto para la siguiente presidencia y la llegada podría pasar a 2030. El retraso no supondría, según The European Post, el abandono del proyecto.
El euro digital no sustituiría al efectivo. Los billetes y las monedas mantendrían su curso legal, y el nuevo instrumento sería emitido por el BCE, no por una empresa privada. Tampoco pagaría intereses y tendría un límite de saldo todavía por concretar.
En España, el conocimiento del proyecto sigue siendo limitado: el 33% de los ciudadanos afirmó conocerlo en 2026, frente al 24% en 2025, según el Banco de España. El mismo estudio señala que el 92% no apoya una sociedad sin efectivo. Por ahora, en cualquier caso, el 18 de noviembre no se decide el lanzamiento, sino el marco legal que podría hacerlo posible.












