Japón propone eliminar desde el 1 de abril de 2027 determinadas obligaciones de información fiscal para algunas stablecoins, siempre que el Parlamento apruebe la reforma. La medida afectaría a las monedas digitales cuyas reservas estén gestionadas por separado mediante un fideicomiso y busca reducir la carga administrativa de las empresas que las emiten o procesan.
La propuesta parte de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA), que considera que el régimen actual de comunicación de datos no encaja con el uso habitual de estos activos. La modificación no supondría eliminar la fiscalidad aplicable a las stablecoins, sino suprimir una obligación concreta de información con fines fiscales.
Una exención centrada en las obligaciones de información
En la actualidad, las stablecoins incluidas en la propuesta están sujetas a amplios requisitos de reporte. Entre otros datos, las empresas deben facilitar información sobre usuarios individuales y posibles ingresos relacionados con estas monedas digitales.
La FSA sostiene que esas exigencias resultan poco adecuadas para unos activos que pueden estar en manos de un número elevado de personas y que se utilizan principalmente para pagos y otras transacciones. Además, mantener una stablecoin no genera por sí mismo ingresos para el usuario, según el planteamiento del supervisor.
La reforma distinguiría así entre los activos digitales concebidos sobre todo como medios de pago y aquellos productos financieros cuyos titulares pueden obtener rendimientos. Para los primeros, el objetivo sería reducir la burocracia sin modificar necesariamente el tratamiento fiscal general.
Reservas separadas mediante un fideicomiso
El alcance de la propuesta se limita a las stablecoins cuyas reservas se gestionan de forma separada a través de un fideicomiso. Esta estructura pretende garantizar que existan activos suficientes como respaldo de las monedas emitidas.
Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor suele vincularse a una divisa tradicional, como el dólar estadounidense o el yen japonés. Esa referencia hace que, normalmente, sus fluctuaciones sean menores que las de activos como Bitcoin (BTC), aunque la propuesta japonesa se refiere a una categoría concreta definida también por la forma en que se custodian sus reservas.
Si el Parlamento japonés da su aprobación, las nuevas normas podrían entrar en vigor el 1 de abril de 2027, coincidiendo con el inicio del nuevo ejercicio fiscal en Japón. Hasta entonces, el cambio seguirá siendo una propuesta y no una modificación definitiva del marco regulatorio.
Una reforma más amplia para los activos digitales
La iniciativa se enmarca en el proceso de revisión de las normas japonesas sobre criptomonedas y otros activos digitales. El país busca encajar estas actividades de forma más clara dentro del sistema financiero existente y aproximar su tratamiento al de los productos financieros tradicionales.
La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, ya señaló en enero que el Gobierno quería avanzar en esa dirección. Más adelante, en julio, el Parlamento japonés aprobó cambios para que los criptoactivos sean considerados activos financieros bajo la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa de Japón (FIEA).
La propuesta sobre stablecoins refleja la doble orientación de esa reforma: reforzar el encaje de los activos digitales dentro del sistema financiero y, al mismo tiempo, evitar obligaciones de información que la FSA considera desproporcionadas para instrumentos utilizados principalmente en pagos y transacciones.
