La consulta de la Comisión Europea sobre el futuro de los préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi) en la Unión Europea termina el 30 de septiembre a las 23:59, hora central europea de verano. Las respuestas servirán para preparar el informe sobre la aplicación del reglamento MiCA y la evolución del mercado de criptoactivos, un documento que podría incorporar una propuesta legislativa si Bruselas considera que está justificada.
El calendario llega después de que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) pidiera a la Comisión que estudie posibles cambios en MiCA para las empresas que conectan a sus clientes con servicios de préstamos DeFi. La respuesta del supervisor, fechada el 24 de septiembre, no modifica por sí misma ninguna norma sobre préstamos ni introduce nuevas obligaciones.
La frontera que la EBA quiere aclarar
El problema regulatorio parte de una distinción cada vez más relevante en el mercado. Un préstamo puede ejecutarse directamente sobre un protocolo en cadena, mientras una empresa ofrece la aplicación, la interfaz o el producto que permite al usuario acceder a él. La EBA plantea que esa vía controlada por una compañía quede incluida en el análisis de la Comisión.
El supervisor propone valorar dos cambios principales. El primero consistiría en añadir la intermediación de préstamos de criptoactivos a la lista de servicios regulados por MiCA. El segundo establecería requisitos para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés) que faciliten el acceso a protocolos de préstamos DeFi, ya sea mediante una interfaz o a través de un producto que ofrezca exposición a esas actividades.
La futura respuesta normativa tendría que distinguir entre una aplicación que da acceso a un protocolo, un servicio que intermedia directamente en un préstamo y un producto financiero que ofrece exposición a DeFi. La Comisión deberá estudiar el tamaño de cada actividad, la participación de inversores minoristas y la importancia de los riesgos antes de decidir si propone legislación.
Más controles para usuarios y plataformas
La EBA vincula su petición a varios riesgos para los consumidores: información incompleta sobre comisiones y rendimientos, cambios en las exigencias de garantías y un uso del apalancamiento capaz de amplificar las pérdidas. También señala posibles problemas de mezcla de fondos, interrupciones del servicio, ataques informáticos, registros deficientes, ausencia de evaluaciones de solvencia y sobreendeudamiento.
Entre las medidas que la Comisión podría analizar figuran pruebas para determinar si un cliente es adecuado para participar en estas operaciones, límites al apalancamiento y una información más completa sobre los riesgos del endeudamiento. Para el acceso a DeFi, la EBA plantea advertencias específicas sobre la posible ausencia de salvaguardas regulatorias cuando la actividad se desarrolla mediante un protocolo verdaderamente descentralizado. También menciona la posibilidad de certificar los protocolos en función de su resistencia frente a ciberataques.
El documento contempla además una restricción relacionada con determinados tokens. Los CASP podrían tener prohibido intermediar o facilitar préstamos que involucren activos que encajen en la definición de tokens referenciados a activos o tokens de dinero electrónico bajo MiCA, cuando sus emisores no cuenten con la autorización exigida por el reglamento.
El acceso a través de aplicaciones sigue sin una clasificación definitiva
Las guías de MetaMask sobre préstamos describen el acceso desde la propia aplicación a fondos de liquidez de monedas estables de Aave. Aave, por su parte, explica que los usuarios pueden llegar al protocolo mediante su interfaz, otras aplicaciones o la interacción directa con contratos inteligentes. Estos ejemplos muestran que la infraestructura de préstamos puede utilizarse a través de distintos canales, pero no determinan si una función concreta está disponible para clientes de la Unión Europea ni cómo se clasificaría a sus operadores bajo una futura norma.
La revisión de la EBA se centra en los CASP que facilitan el acceso, mientras que el tratamiento de la interacción directa con contratos inteligentes continúa sin resolverse. Los legisladores tendrían que definir qué actividades quedan dentro de esa categoría y qué obligaciones corresponden a cada una. Hasta entonces, la respuesta del supervisor marca una posible frontera de acceso y cumplimiento, pero no cambia las reglas vigentes sobre los préstamos DeFi.
