La quiebra de Banco Master ha convertido el colapso de una entidad financiera brasileña en una crisis que alcanza al sistema de garantía de depósitos, al Tribunal Supremo y a la campaña electoral. Más de 700.000 ahorradores se han visto afectados y el fondo brasileño encargado de proteger los depósitos habría desembolsado ya unos 40.200 millones de reales para atender a 722.000 clientes vinculados al banco.
Un modelo basado en depósitos de alta rentabilidad
Banco Master quebró en noviembre de 2025 después de crecer con rapidez mediante la comercialización de certificados de depósito bancario, conocidos como CDB. La entidad llegó a ofrecer rentabilidades de hasta el 140% del índice de referencia brasileño CDI, una propuesta que atrajo a cientos de miles de ahorradores.
El atractivo de esos productos ocultaba, sin embargo, un nivel de riesgo elevado. El Banco Central de Brasil sostiene que Banco Master acabó afrontando una grave crisis de liquidez y que incurrió en serias infracciones. La entidad se habría financiado a un coste alto para sostener su expansión, mientras acumulaba en su balance activos complejos y difíciles de vender.
Ese desequilibrio se volvió crítico cuando desapareció la confianza. El banco necesitaba captar financiación cara al mismo tiempo que contaba con activos cuya venta no resultaba sencilla. La combinación terminó provocando el colapso de la entidad y trasladando una parte importante del impacto al sistema brasileño de garantía de depósitos.
El caso pone bajo presión al Tribunal Supremo
La dimensión financiera del escándalo se ha visto amplificada por los vínculos atribuidos al propietario de Banco Master, Daniel Vorcaro, y el juez Alexandre de Moraes, miembro del Tribunal Supremo de Brasil. Según información policial hecha pública, Vorcaro mantuvo contacto con Moraes poco antes de ser detenido.
A esas conexiones se suma un contrato de 130 millones de reales entre Banco Master y el despacho de abogados de la esposa del magistrado. Moraes niega haber actuado de forma indebida, pero el Tribunal Supremo debe decidir ahora si abre una investigación sobre su actuación.
La situación resulta especialmente delicada para la institución, que tendría que valorar la posible apertura de un procedimiento sobre uno de sus propios integrantes y, además, una de sus figuras más poderosas. Por eso, el caso ha dejado de ser únicamente un expediente sobre la solvencia y la gestión de un banco.
Un nuevo frente en la disputa electoral
El escándalo también ha entrado en el terreno político. El senador Flávio Bolsonaro reclama la salida de Moraes y trata de relacionar el caso con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La acusación se produce mientras el asunto empieza a utilizarse como arma contra el bloque político rival.
El propio Flávio Bolsonaro afronta, a su vez, un escrutinio por las dudas relacionadas con la financiación de una película sobre su padre, Jair Bolsonaro. El senador niega haber cometido irregularidades.
El resultado es una crisis que afecta a los dos grandes bloques políticos brasileños. Para los ahorradores, el problema se traduce en pérdidas y en la intervención del mecanismo de garantía; para las instituciones, abre preguntas sobre supervisión, conflictos de interés y responsabilidad política. La magnitud de los pagos previstos y la implicación del Tribunal Supremo han convertido la caída de Banco Master en un episodio de confianza institucional, no solo en una quiebra bancaria.
