La intervención y el cierre de Ueno han dejado a unos 2,9 millones de clientes de Paraguay sin acceso a sus depósitos, pagos con tarjeta o retiradas de efectivo. La cifra equivale a casi el 45 % de la población del país. La crisis bancaria también provocó la dimisión del presidente Santiago Peña, después de que su propio partido le retirara el apoyo y la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la apertura de un juicio político.
Un banco con millones de clientes y fondos públicos
Ueno pasó de conceder préstamos en un mercado de Asunción a convertirse en una de las aplicaciones bancarias más utilizadas de Paraguay. A finales de octubre tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes, en un país de unos 6,5 millones de habitantes.
La entidad gestionaba además más de 800 millones de dólares en fondos públicos. Entre ellos se encontraba alrededor del 10 % del patrimonio de un fondo público de pensiones. El banco central intervino y cerró Ueno después de determinar que la entidad disponía de menos de la mitad del capital mínimo exigido para absorber pérdidas.
Desde entonces, los clientes no pueden retirar dinero ni utilizar sus tarjetas, incluso para gastos básicos. Los depósitos están cubiertos hasta el equivalente a 38.000 dólares por persona. Esa garantía alcanza al 97 % de los fondos depositados, aunque todavía no está claro cuándo podrán recuperar su dinero los afectados.
Préstamos a empresas vinculadas a los directivos
El deterioro financiero de Ueno estuvo relacionado con préstamos concedidos a empresas vinculadas a sus propios directivos. Según las informaciones publicadas en octubre, esas operaciones rondaban los 150 millones de dólares y se financiaron con el dinero de los ahorradores.
El banco central ya había advertido sobre esta práctica en junio. La situación se agravó posteriormente: inversores extranjeros vendieron los bonos de Ueno y la entidad intentó captar 100 millones de dólares de capital a finales de octubre. La operación no logró evitar su caída.
Ocho directivos de Ueno están detenidos como sospechosos de varios delitos, entre ellos administración desleal. La investigación se desarrolla mientras las autoridades tratan de determinar el alcance de las pérdidas y el calendario para activar la cobertura de los depósitos.
Los vínculos políticos agravan la crisis
Ueno pertenece al Grupo Vázquez, un conglomerado del que Santiago Peña fue socio. El presidente aseguró el año pasado que había vendido sus acciones en una empresa relacionada con el grupo y negó que se hubiera cometido ninguna ilegalidad.
La relación con la entidad, sin embargo, también quedó marcada por el nombramiento de Carlos Carvallo. Poco después de asumir la presidencia en 2023, Peña designó al antiguo presidente de Ueno como responsable del banco central, organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Meses más tarde, Ueno obtuvo una licencia bancaria plena. Carvallo dimitió esta semana.
El Partido Colorado, al que pertenece Peña, le retiró su respaldo en plena crisis. El politólogo Miguel Carter atribuyó el enfrentamiento a las tensiones que el presidente mantenía desde hacía tiempo con el líder de la formación y expresidente Horacio Cartes, también por la candidatura presidencial de 2028.
Peña anunció su dimisión en un vídeo y pidió disculpas a la ciudadanía por haber podido defraudarla, aunque no asumió públicamente responsabilidad por el colapso de Ueno. La salida no cierra el proceso institucional: el Senado todavía debe ratificar la dimisión y pronunciarse sobre la destitución. El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a sucederle, pero la tramitación del juicio político podría retrasar su toma de posesión.
La crisis también golpeó a los mercados. Los bonos soberanos de Paraguay se desplomaron, poniendo bajo presión la reputación de estabilidad que el país había construido entre los inversores extranjeros.
