Las autoridades de Estados Unidos han congelado aproximadamente 938,5 millones de dólares en criptomonedas y han cerrado más de 500 sitios web vinculados a fraudes, según los datos presentados por Donald Trump en la Casa Blanca. La operación, dirigida principalmente contra redes delictivas del sudeste asiático, coincide con un aumento de las críticas por los negocios de criptomonedas de la familia del presidente.
Fondos bloqueados y más de 10.000 posibles víctimas alertadas
Trump expuso los resultados de la ofensiva durante un acto celebrado el 21 de octubre. El Departamento de Justicia ya había informado del trabajo de la unidad especial Scam Center Strike Force, que mantiene bloqueados de forma provisional unos 938,5 millones de dólares en criptoactivos.
El bloqueo pretende impedir que los fondos sean transferidos mientras avanzan las investigaciones. Su eventual devolución a las víctimas dependerá de los procedimientos judiciales que se desarrollen posteriormente. Según Trump, las fuerzas de seguridad también han avisado a más de 10.000 posibles afectados y las actuaciones habrían evitado pérdidas de al menos 1.600 millones de dólares este año.
La campaña se centra en organizaciones que atraen a sus víctimas mediante redes sociales y aplicaciones de citas. Después las dirigen hacia plataformas falsas de inversión en criptomonedas, donde se simula que activos como Bitcoin (BTC) generan ganancias rápidas. Los beneficios que aparecen en esas páginas no son reales. Cuando los usuarios intentan retirar su dinero, los responsables les reclaman nuevos pagos o directamente hacen desaparecer los fondos.
La investigación también alcanza a redes que, según las autoridades, obligan a personas víctimas de trata a participar en las estafas y contactar con nuevos objetivos. Por ese motivo, la respuesta estadounidense no se limita a bloquear activos: incluye acciones contra la infraestructura desde la que operan estos grupos.
Acciones contra plataformas vinculadas al blanqueo
Entre las operaciones anteriores figura la incautación de una plataforma fraudulenta de criptomonedas presuntamente relacionada con un complejo situado en Myanmar. Desde ese enclave habría operado una red delictiva dedicada a este tipo de engaños.
Las autoridades también han congelado más de 52 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Xinbi Guarantee. El servicio, disponible a través de Telegram, habría ofrecido a delincuentes servicios de blanqueo de capitales y herramientas para crear páginas web fraudulentas.
El alcance económico de estas actuaciones contrasta con el debate que generan los intereses privados de la familia presidencial en el mismo sector. Según una investigación de Reuters, Trump y sus hijos han obtenido al menos 2.300 millones de dólares mediante proyectos relacionados con las criptomonedas desde el regreso del presidente a la Casa Blanca.
Las ganancias de la familia presidencial alimentan el debate
Reuters calculó además que los inversores en esos proyectos han acumulado pérdidas por una cantidad similar, aunque la cifra incluye pérdidas todavía no materializadas. La agencia presenta estos datos como parte de un análisis sobre las actividades económicas de la familia, no como una cifra oficial de las autoridades estadounidenses.
La situación plantea posibles conflictos de intereses porque Trump participa en la definición de la política y la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos, mientras sus familiares obtienen ingresos de empresas y proyectos del sector. Las críticas se han intensificado también por decisiones anteriores de la Administración.
En octubre de 2025, Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien se había declarado culpable de incumplir la normativa estadounidense contra el blanqueo de capitales. El perdón presidencial reabrió entonces las dudas sobre la relación entre la Casa Blanca y la industria cripto.
La ofensiva contra las estafas internacionales sitúa ahora a Estados Unidos ante una doble discusión: cómo recuperar los fondos bloqueados y proteger a las víctimas, y hasta qué punto los intereses empresariales de la familia del presidente pueden influir en la política que regula el mercado de activos digitales.
