Estados Unidos busca incautarse de 61 millones de dólares en criptomonedas que, según la Fiscalía estadounidense, proceden de la venta ilegal de petróleo y productos petrolíferos iraníes. La acusación contempla que Tether destruya los tokens vinculados a las direcciones investigadas y emita otros por el mismo valor para transferirlos al Gobierno estadounidense.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una red que habría movido más de 1.500 millones de dólares procedentes de operaciones petroleras ilegales. Los fondos, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían blanqueado mediante estructuras empresariales y redes de criptomonedas, con un destino final que habría beneficiado al Gobierno de Irán, a su Ejército y a la Guardia Revolucionaria.
Una red de empresas y cuentas en Binance
La acusación señala a una red de compañías establecidas en China y otros países. Entre las entidades citadas aparecen Blessed Trust y Hexa Whale, dos empresas chinas que presuntamente utilizaron cuentas de negociación en Binance para convertir ingresos derivados de la venta de petróleo iraní y canalizarlos hacia Teherán o hacia entidades vinculadas a Irán.
Binance sostiene que no tolera las infracciones de las sanciones ni las actividades ilegales y afirma que coopera con las autoridades. La investigación sitúa así a los activos digitales dentro de una trama que también afecta al comercio internacional de petróleo, a las sanciones estadounidenses y a las relaciones entre Washington, Pekín y Teherán.
El volumen atribuido a la red —más de 1.500 millones de dólares— excede el valor de los activos cuya incautación pretende ahora Estados Unidos. La cifra de 61 millones corresponde a las criptomonedas identificadas en las direcciones relacionadas con el caso.
El papel de Tether en la recuperación de los fondos
La actuación prevista para Tether es uno de los elementos más relevantes del expediente. Según la acusación, el emisor de la stablecoin quemará los tokens depositados en las direcciones implicadas, es decir, los retirará de la circulación. A continuación, emitiría tokens de sustitución por el mismo valor y los transferiría al Gobierno estadounidense.
El procedimiento refleja las capacidades de control de las stablecoins centralizadas. Aunque sus operaciones se registran en cadenas de bloques públicas y pueden ejecutarse sin la intervención directa de un banco tradicional, sus emisores pueden bloquear direcciones, congelar tokens o colaborar con las autoridades para interrumpir determinados flujos de fondos.
En este caso, la quema no supondría simplemente la desaparición de los 61 millones de dólares. La acusación plantea sustituir los tokens afectados por otros de igual valor bajo control del Gobierno estadounidense. El detalle también pone de manifiesto que estos activos no funcionan como instrumentos completamente ajenos a las decisiones regulatorias o geopolíticas.
El petróleo iraní y la conexión con China
La investigación se produce en un contexto en el que China desempeña un papel central como comprador del petróleo iraní. Según CNBC, más del 80% del crudo iraní transportado por vía marítima en 2025 habría tenido como destino China, con una media de 1,4 millones de barriles diarios.
Washington ya había impuesto a comienzos de este año sanciones contra una refinería china independiente y había advertido a las entidades financieras sobre los negocios con empresas chinas que procesan petróleo iraní. La acusación sobre los 61 millones añade ahora el componente cripto a una disputa que abarca las sanciones, las rutas comerciales del petróleo y el uso de sistemas financieros alternativos.
