El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso adelante para convertir en ley una reserva federal de Bitcoin con una obligación de custodia mínima de 20 años. La propuesta, aprobada el 16 de septiembre por 28 votos frente a 21, también establece controles de auditoría y transparencia sobre los activos digitales en manos del Gobierno.
La votación impulsa el proyecto H.R. 8957, conocido como American Reserve Modernization Act of 2026 (ARMA), más allá de su fase inicial de presentación. Sin embargo, el texto todavía debe superar nuevas votaciones legislativas antes de que sus normas sobre custodia y conservación puedan entrar en vigor.
Una reserva separada de otros activos digitales
El proyecto plantea crear dentro del Departamento del Tesoro una Reserva Estratégica de Bitcoin y, por separado, una Reserva de Activos Digitales. El Bitcoin que cumpla los requisitos se incorporaría a la primera, mientras que otros activos digitales elegibles pasarían a la segunda.
La propuesta no considera automáticamente disponible para la reserva todo activo que esté bajo el control de una agencia federal. Quedarían excluidos aquellos cuya conservación responda a obligaciones legales específicas. La distinción separa la mera custodia de un activo de su posible inclusión en las reservas públicas y limita el alcance de la medida a las tenencias gubernamentales que cumplan las condiciones previstas.
El texto también obligaría a las agencias a entregar al Tesoro un inventario completo de sus tenencias de Bitcoin y otros activos digitales en los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, con una actualización anual posterior. Los activos que resulten elegibles deberían transferirse a la reserva o a la reserva de activos digitales en los 30 días siguientes a la creación de esas estructuras.
Veinte años sin ventas ni intercambios
La sección quinta del proyecto fija un periodo mínimo de conservación de 20 años para el Bitcoin depositado en la reserva. Durante ese plazo, el Gobierno no podría venderlo, intercambiarlo, subastarlo, utilizarlo como garantía ni desprenderse de él por otras vías.
El cómputo comenzaría en la fecha de aprobación de la ley, no en el momento en que se incorpore cada unidad de Bitcoin. Por tanto, la votación del comité no activa todavía ese periodo de 20 años: la obligación solo empezaría si el Congreso aprueba finalmente la norma y esta entra en vigor.
El Tesoro tendría además que presentar, durante el primer año posterior a la entrada en vigor, un estudio sobre las posibles condiciones para autorizar ventas anticipadas y sobre las excepciones que deberían contemplarse. Ese informe serviría para formular recomendaciones legislativas, pero no permitiría por sí mismo sortear la prohibición de venta.
Auditorías y un estudio sobre nuevas compras
El marco aprobado por el comité exigiría publicar pruebas criptográficas de las reservas y un informe anual con información sobre las tenencias, las operaciones realizadas y el control de las claves privadas. Un auditor externo independiente debería verificar esa información, mientras que el interventor general de Estados Unidos supervisaría de forma periódica la reserva, los informes y las auditorías.
El proyecto no autoriza directamente un programa para comprar más Bitcoin. La sección novena encarga al Tesoro y al Departamento de Comercio un estudio, que debería completarse en los 180 días posteriores a la entrada en vigor, sobre los riesgos, los costes y los posibles beneficios de adquirir unidades adicionales. También analizaría si esas compras podrían realizarse sin impacto presupuestario.
La iniciativa legislativa se apoya en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de marzo de 2025, que estableció el marco para una Reserva Estratégica de Bitcoin y una reserva separada de activos digitales. Aquella orden restringió la disposición de los activos salvo en los casos permitidos por la ley y encargó al Tesoro y al Departamento de Comercio estudiar fórmulas de adquisición presupuestariamente neutrales. ARMA trataría ahora de convertir parte de ese marco ejecutivo en obligaciones fijadas por ley.
