El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 16 de septiembre un proyecto de ley que obligaría al Gobierno federal a conservar durante al menos 20 años los bitcoin que cumplan los requisitos para formar parte de una reserva estratégica. La iniciativa, respaldada por 28 votos frente a 21, también impondría auditorías independientes y controles periódicos sobre los activos digitales bajo custodia pública.
La votación permite que el proyecto H.R. 8957, conocido como American Reserve Modernization Act of 2026 (ARMA), avance más allá de su fase de presentación. No obstante, el texto aún debe superar nuevas etapas legislativas antes de que sus reglas de custodia y conservación puedan convertirse en ley.
Una reserva de Bitcoin con un plazo mínimo de 20 años
El proyecto, promovido por el representante republicano Nicholas Begich, de Alaska, establecería dentro del Departamento del Tesoro una Reserva Estratégica de Bitcoin y, por separado, una Reserva de Activos Digitales. La primera recibiría los bitcoin federales que cumplan las condiciones previstas, mientras que otros activos digitales elegibles se asignarían a la segunda estructura.
La propuesta no considera automáticamente disponibles para la reserva todos los activos que estén en manos de una agencia federal. Quedarían excluidos aquellos cuya utilización esté legalmente vinculada a otros fines. La diferencia es relevante: que el Gobierno controle un activo no significa necesariamente que pueda incorporarlo a la reserva.
El artículo 5 del texto establece que los bitcoin depositados en la reserva deberán permanecer allí durante un mínimo de 20 años desde la entrada en vigor de la ley, con independencia de cómo hayan sido obtenidos. Durante ese periodo no podrían venderse, intercambiarse, subastarse, utilizarse como garantía ni transferirse de otra forma.
El plazo comenzaría a contar desde la promulgación de la norma, no desde la fecha en la que cada bitcoin fuese incorporado. Por tanto, la votación del comité no activa todavía ese periodo de conservación.
El proyecto encarga además al Tesoro la elaboración, en el plazo de un año desde la promulgación, de un estudio sobre las posibles condiciones para autorizar ventas anticipadas y sobre eventuales excepciones. Ese mandato no permitiría por sí mismo eludir la obligación de conservar los activos: cualquier excepción tendría que abordarse mediante una decisión legislativa posterior.
Inventario, custodia y auditorías públicas
La iniciativa también pretende centralizar y hacer más verificable la gestión de los activos digitales federales. Las agencias tendrían que entregar al Tesoro una contabilidad completa de sus bitcoin y de sus otros activos digitales en los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, y actualizar esa información anualmente.
Una vez creadas la reserva y la reserva de activos digitales, los activos que cumplan los criterios deberían transferirse a las estructuras correspondientes en un plazo de 30 días. El sistema incluiría una prueba criptográfica pública de reservas y un informe anual con los activos en cartera, las transacciones realizadas y el control de las claves privadas.
La verificación quedaría en manos de un auditor independiente externo. Además, el Comptroller General de Estados Unidos supervisaría de forma periódica la reserva, los informes y las auditorías. El presidente del comité, French Hill, defendió durante el debate que la medida permitiría reunir bajo la custodia del Tesoro los activos digitales repartidos entre distintas agencias y someterlos a una supervisión uniforme.
La compra de más Bitcoin queda pendiente de estudio
ARMA no establece un programa inmediato para ampliar las tenencias federales. El artículo 9 daría al Tesoro y al Departamento de Comercio 180 días desde la promulgación para estudiar los riesgos, los costes y los posibles beneficios de adquirir más bitcoin, incluida la posibilidad de que esas compras fueran neutrales para el presupuesto.
Se trata, por tanto, de un estudio y no de una autorización de compra. El enfoque legislativo se centra inicialmente en identificar qué activos controla el Gobierno, decidir cuáles pueden formar parte de la reserva, consolidar su custodia y someterla a controles verificables.
El proyecto desarrolla el marco político fijado por una orden ejecutiva de Donald Trump del 6 de marzo de 2025, que ordenó crear una Reserva Estratégica de Bitcoin y una reserva separada para otros activos digitales. Aquella orden limitó la disposición de los activos salvo en los casos permitidos por la ley y encargó al Tesoro y al Departamento de Comercio estudiar fórmulas de adquisición que no generasen impacto presupuestario. La aprobación del comité supone el siguiente paso legislativo, pero no garantiza todavía la aprobación definitiva de la norma.
