La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, ha retirado su propuesta para imponer nuevas obligaciones de información sobre las operaciones de mezclado de criptomonedas. La agencia comunicó la decisión el 5 de octubre y prevé que la retirada sea efectiva tras su publicación en el Registro Federal, programada para el 6 de octubre.
La medida afecta tanto a la determinación publicada en 2023, que consideraba el mezclado internacional de criptoactivos una categoría de operaciones con especial riesgo de blanqueo, como al reglamento que planteaba nuevos requisitos de conservación de registros y comunicación de datos.
Una definición amplia del mezclado cripto
La propuesta no se limitaba a los servicios especializados que mezclan fondos para dificultar el rastreo de las transacciones. Su definición abarcaba cualquier protocolo o servicio que aplicase técnicas destinadas a ocultar el origen, el destino o el importe de una operación.
Entre los supuestos contemplados figuraban la puesta en común de fondos, la coordinación de transacciones mediante código, la división de transferencias, el envío de activos a través de una cadena de monederos de un solo uso, los intercambios entre criptoactivos y la introducción de retrasos iniciados por el usuario.
La obligación habría afectado a las entidades financieras nacionales cubiertas por la norma cuando supieran, sospecharan o tuvieran motivos para sospechar que una operación de criptomonedas realizada por ellas, a través de ellas o dirigida a ellas implicaba actividades de mezclado relacionadas con una jurisdicción situada fuera de Estados Unidos.
Los informes podían haber incluido las direcciones de los monederos, los identificadores de las transacciones, las direcciones IP y la información de identidad del cliente que estuviera en poder de la entidad. Las instituciones también habrían tenido que documentar el cumplimiento de estas obligaciones.
Las críticas al alcance y al coste de la norma
FinCEN ha justificado la retirada por las preocupaciones planteadas durante el proceso de consultas. Varios participantes advirtieron de que una definición tan extensa podía desincentivar actividades legítimas y generar una carga de información considerable para las entidades financieras.
El texto excluía determinados procesos internos utilizados por bancos, intermediarios financieros y empresas de servicios monetarios para ejecutar transacciones. Para acogerse a esa exclusión, las entidades debían conservar los registros del origen y el destino de los fondos y entregarlos cuando la ley lo exigiera.
La retirada no elimina las obligaciones que ya están vigentes. Los transmisores de dinero en criptomonedas que entren dentro del perímetro regulatorio de FinCEN siguen sujetos al registro correspondiente, a programas contra el blanqueo de capitales basados en el riesgo, a determinadas comprobaciones de clientes, a la conservación de registros y a la comunicación de operaciones sospechosas. Las transferencias que cumplan los requisitos también continúan sometidas a la Regla de Viaje de Fondos.
La agencia mantiene la vigilancia sobre el mezclado
La guía vigente distingue entre un servicio de anonimización que recibe y retransmite valor y un proveedor que únicamente ofrece software de anonimización. Suministrar una herramienta, por sí solo, no convierte a su proveedor en transmisor de dinero, aunque la explotación de un negocio de transmisión sí puede quedar sujeta a esa consideración. Del mismo modo, una persona que utiliza un monedero no custodiado para pagar bienes o servicios por cuenta propia no adquiere por ese hecho la condición de transmisor de dinero.
El anuncio también se refiere a una propuesta separada sobre monederos no custodiados, publicada en diciembre de 2020. El plan ya figuraba como retirado desde el 12 de abril de 2024 en la agenda regulatoria de primavera de ese año. FinCEN confirma ahora que no emprenderá nuevas acciones al respecto.
La agencia ha señalado que seguirá supervisando el uso del mezclado de criptomonedas por sus posibles vínculos con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. También se reserva la posibilidad de adoptar nuevas medidas en el futuro, mientras las entidades financieras mantienen sus obligaciones actuales al evaluar operaciones relacionadas con la privacidad.
