Jorge Figueira, un venezolano de 60 años residente en Miami, fue condenado el 3 de noviembre en Estados Unidos a 12 años de prisión por conspirar para lavar dinero. Según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, la red vinculada al acusado movió más de 1.000 millones de dólares de origen ilícito, incluidos fondos procedentes de organizaciones de narcotráfico.
Además de la pena de cárcel, Figueira aceptó una orden de decomiso por 1.000 millones de dólares. Esa cantidad no equivale a una multa ni implica que el Gobierno estadounidense haya recuperado ya ese importe.
Una condena por conspiración para lavar dinero
La sentencia fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr. en Alexandria, Virginia. El cargo es el mismo por el que Figueira fue acusado en enero de 2026: conspiración para lavar dinero. Al presentar los cargos, la Fiscalía señaló que se enfrentaba a una pena máxima de 20 años de prisión.
La condena fue anunciada por Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta del Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington. Los fiscales federales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez llevaron el caso.
Los medios que han informado sobre la sentencia no han precisado si Figueira se declaró culpable ni cuándo lo hizo.
El recorrido del dinero a través de criptoactivos y bancos
Según el resumen del caso difundido por la Fiscalía, el esquema combinaba billeteras de criptomonedas, cuentas en exchanges, entidades bancarias y empresas que funcionaban como fachada.
El dinero ilícito se convertía primero en criptomonedas. Después, los activos pasaban por varias billeteras digitales para dificultar la identificación de su origen. Proveedores de liquidez los transformaban posteriormente en dólares estadounidenses, que terminaban depositados en cuentas bancarias controladas por Figueira.
Desde esas cuentas se enviaban los fondos a los destinatarios finales, tanto empresas como personas situadas en Estados Unidos y otros países. Entre los destinos mencionados por los fiscales figuran Colombia, China, Panamá y México, considerados en el expediente jurisdicciones de alto riesgo. La investigación identificó más de 1.000 millones de dólares movidos mediante una billetera de criptomonedas y distintas cuentas financieras.
Los resúmenes de la condena no identifican una criptomoneda concreta. Sin embargo, el caso ya había sido examinado en enero por la firma de análisis Elliptic a partir de la declaración jurada presentada ante el tribunal. La compañía señaló que los clientes enviaban USDT, la stablecoin de Tether, o entregaban efectivo en Venezuela que posteriormente se convertía en USDT.
De acuerdo con ese análisis, los fondos pasaban por otras siete billeteras antes de llegar a una dirección principal. Intermediarios en Estados Unidos convertían después los USDT en dólares y los transferían a empresas de Figueira. Elliptic calculó que la billetera principal recibió aproximadamente 1.050 millones de USDT entre abril de 2024 y junio de 2025, repartidos en 3.381 transacciones.
Global Ledger, por su parte, estimó que esa misma billetera recibió unos 528,8 millones de USDT desde exchanges centralizados y envió alrededor de 447,1 millones a exchanges, aunque no identificó cuáles.
Qué significa el decomiso de 1.000 millones de dólares
La orden aceptada por Figueira es una money judgment, una figura que corresponde a un decomiso monetario. No se trata de una multa adicional impuesta como castigo económico. En los casos de lavado de dinero, la legislación federal estadounidense permite decomisar los bienes involucrados en el delito, no únicamente las ganancias obtenidas.
Por esa razón, el importe de la orden puede coincidir con el dinero que, según los fiscales, pasó por el esquema y no con la cantidad que el acusado habría ganado. La existencia de la orden tampoco significa que el Gobierno haya recuperado los 1.000 millones de dólares: los resúmenes publicados sobre la condena no detallan cuánto dinero ha sido incautado.
El caso ilustra el recorrido que las autoridades atribuyen a estas operaciones: los criptoactivos pueden circular rápidamente entre billeteras, pero suelen necesitar un exchange, un proveedor de liquidez o una cuenta bancaria para convertirse en dólares. Esos puntos de conexión con el sistema financiero tradicional pueden dejar registros útiles para las investigaciones.
