Gran Bretaña paga más de 1.000 millones de libras al año para compensar a los parques eólicos que detienen temporalmente su producción. Un informe del Bitcoin Policy Institute (BPI) plantea que parte de esos excedentes eléctricos podría destinarse a la minería de Bitcoin (BTC), aunque advierte de que el ahorro potencial todavía no está cuantificado.
Escocia concentra el problema de los excedentes
La situación afecta especialmente a Escocia. La generación eólica ha crecido allí más deprisa que la capacidad de la red para transportar la electricidad hacia otras zonas del país. En los días de mayor viento, las conexiones disponibles no pueden enviar a Inglaterra toda la energía producida por los parques escoceses.
Para evitar la saturación de la red, los operadores pagan a esas instalaciones para que reduzcan o suspendan su actividad. Al mismo tiempo, centrales de gas situadas en otras regiones tienen que aumentar su producción para cubrir la demanda. Según el BPI, el coste de este mecanismo supera los 1.000 millones de libras anuales, equivalentes a unos 1.320 millones de dólares al cambio recogido en el informe.
La propuesta de los investigadores consiste en utilizar una parte de esa electricidad que, de otro modo, quedaría desaprovechada, para alimentar operaciones de minería de Bitcoin. Estos centros emplean equipos especializados que realizan los cálculos necesarios para proteger la red de Bitcoin y reciben nuevos bitcoines como recompensa.
Una demanda eléctrica que puede desconectarse
El argumento central del BPI es la flexibilidad de estas instalaciones. Los equipos de minería pueden apagarse con relativa rapidez cuando la electricidad resulta más necesaria en otros puntos del sistema. De ese modo, podrían funcionar durante los periodos de excedente y dejar de consumir cuando la red necesitara disponer de esa energía.
El informe cita un estudio realizado sobre diez empresas mineras, que redujeron su consumo eléctrico entre el 5% y el 31% del tiempo debido a las condiciones de la red. A partir de esos datos, el instituto recomienda al Gobierno británico analizar en qué ubicaciones podrían operar empresas de minería sin añadir presión sobre la infraestructura existente.
El BPI, no obstante, marca distancia con cualquier estimación automática del ahorro. Que los costes de compensar a los parques eólicos superen los 1.000 millones de libras no significa que la minería pueda reducir esa factura en la misma proporción. Antes habría que calcular cuánta electricidad excedentaria podrían utilizar realmente los mineros, cuánto costaría construir y conectar la infraestructura y cuál sería el efecto sobre las emisiones.
También queda por determinar si las empresas obtendrían ingresos suficientes en un escenario en el que tuvieran que detener sus equipos con frecuencia. Por ahora, la iniciativa es una propuesta de los investigadores y no un plan adoptado por el Gobierno británico.
El BPI también cuestiona el acceso financiero
El informe aborda además las dificultades que, según el instituto, afronta el sector de las criptomonedas en el Reino Unido. Un estudio citado por la organización señala que los bancos británicos retrasan o bloquean alrededor del 40% de las transferencias realizadas por particulares hacia plataformas de compraventa de criptomonedas.
El BPI sostiene asimismo que la normativa fiscal complica el acceso a estos activos. Desde octubre de 2025, los inversores particulares británicos pueden volver a comprar determinados productos cotizados vinculados a criptomonedas, incluidos los ETN de Bitcoin. Estos instrumentos permiten exponerse a las variaciones de precio sin mantener bitcoines directamente.
Sin embargo, desde abril de 2026 las nuevas compras de estos productos ya no pueden incorporarse a las cuentas Stocks and Shares ISA, que ofrecen ventajas fiscales. Los inversores deben recurrir a una Innovative Finance ISA, una opción que, según el BPI, las grandes entidades financieras no ofrecen actualmente.
El Reino Unido prepara una nueva legislación sobre criptomonedas cuya entrada en vigor está prevista para octubre de 2027. Para el instituto, su resultado dependerá también de que los consumidores puedan acceder de forma efectiva tanto a los servicios bancarios como a los productos regulados relacionados con estos activos.
