Los tribunales del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) han planteado un sistema para que los jueces puedan ordenar el bloqueo temporal o la transferencia de determinados criptoactivos directamente a través de la cadena de bloques. La propuesta, bautizada como Dispute Resolution Oracle (DRO), pretende facilitar la ejecución de sentencias cuando la parte condenada se niega a entregar las monedas.
El mecanismo parte de un problema habitual en los litigios sobre activos digitales. Un tribunal puede determinar que una persona o empresa tiene derecho a recibir unas criptomonedas, pero la sentencia no garantiza por sí sola que esos fondos lleguen al monedero correspondiente. Si la parte obligada a realizar la transferencia no coopera, hacer cumplir la resolución puede resultar complejo.
Un sistema basado en acuerdos previos
El DRO utilizaría contratos inteligentes, programas capaces de ejecutar instrucciones automáticamente en una red de bloques. Dos empresas, por ejemplo, podrían pactar en un contrato que cualquier disputa relacionada con unos activos digitales se someta a un tribunal concreto y quede sujeta a este mecanismo.
Si posteriormente surgiera un conflicto sobre la propiedad de las monedas, los activos afectados podrían quedar bloqueados mientras se resuelve el caso. El juez analizaría entonces quién es su titular legítimo y, una vez dictada la resolución, el sistema permitiría desbloquearlos o transferirlos sin que fuera necesario obtener de nuevo el consentimiento de la parte que hubiera perdido el litigio.
Los tribunales del DIFC han subrayado que la decisión seguiría correspondiendo a personas. La tecnología no determinaría quién tiene razón, sino que se limitaría a ejecutar en la cadena de bloques una orden judicial ya adoptada.
El alcance no incluiría cualquier monedero de Bitcoin
La propuesta no otorgaría a los jueces la capacidad de intervenir de forma general sobre cualquier cartera de criptomonedas. La adhesión al sistema sería voluntaria y solo podría aplicarse a quienes hubieran aceptado previamente someterse a él.
Por tanto, un tribunal de Dubái no podría retirar Bitcoin (BTC) de un monedero personal que permaneciera fuera del mecanismo ni revertir una transacción de Bitcoin ya ejecutada. El modelo está dirigido principalmente a activos gestionados mediante plataformas participantes, como criptomonedas depositadas en entidades de custodia, acciones digitales o inmuebles cuya titularidad se registre en una cadena de bloques.
Las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) también podrían utilizar el sistema bajo determinadas condiciones. En todos los casos, su alcance dependería de los acuerdos suscritos con anterioridad y de la forma en que estuvieran administrados los activos.
Una propuesta todavía en fase de desarrollo
El sistema aún no está operativo. Los tribunales del DIFC han presentado una propuesta, pero no han anunciado una fecha definitiva para su puesta en marcha. El desarrollo contempla cinco fases. La primera incluye consultas con entidades internacionales y pruebas de la tecnología en redes específicas de test. Solo después se valorará si el mecanismo puede emplearse en litigios reales.
El diseño incorpora algunas salvaguardas para limitar posibles abusos. Entre ellas figura que únicamente puedan bloquearse los activos relacionados con la disputa y que las partes afectadas tengan la posibilidad de formular objeciones o recurrir. Además, en los tribunales del DIFC, cada instrucción que vaya a ejecutarse en la cadena de bloques tendría que ser aprobada por al menos dos empleados autorizados.
La herramienta podría resultar especialmente útil para empresas que realizan operaciones de gran volumen mediante redes blockchain y buscan anticipar cómo se ejecutaría una sentencia. Sin embargo, las criptomonedas que no estén integradas en el sistema quedarían fuera de su alcance, al igual que cualquier activo cuyos titulares no hubieran aceptado previamente este marco.
