La reforma fiscal sobre activos digitales que prepara la Cámara de Representantes de Estados Unidos elevaría la recaudación federal neta en unos 500 millones de dólares entre los ejercicios fiscales 2027 y 2036, según la estimación del Joint Committee on Taxation (JCT). El proyecto también reduciría la carga tributaria asociada a determinados pagos con stablecoins y a pequeñas comisiones de transacción.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara tiene previsto analizar el 16 de septiembre la propuesta H.R. 10357, conocida como Digital Asset Tax Certainty Act. El texto llega después de varios meses de negociaciones sobre hasta qué punto las criptomonedas deben recibir un tratamiento fiscal similar al de los activos financieros tradicionales.
Menos fricción para las stablecoins y las comisiones
Uno de los principales cambios afectaría a las stablecoins denominadas en dólares estadounidenses que cumplan los requisitos fijados por la norma. El objetivo es evitar que las pequeñas oscilaciones alrededor de la paridad de un dólar generen ganancias o pérdidas que el contribuyente tenga que calcular cada vez que utiliza estos activos.
Para determinadas operaciones realizadas dentro de unos márgenes establecidos en torno a esa paridad, el valor de reembolso serviría, por regla general, para determinar la base fiscal y el importe de la transmisión. La medida no se aplicaría a operadores, intermediarios ni distribuidores. También quedarían excluidos algunos usuarios que realicen más de 5.000 operaciones computables y los contribuyentes cuya moneda funcional no sea el dólar.
El proyecto contempla además que no se tengan en cuenta las ganancias o pérdidas derivadas del uso de activos digitales para pagar comisiones de red o de transacción de hasta 10 dólares. La disposición abarcaría costes como las comisiones de gas de una cadena de bloques y determinados cargos vinculados a operaciones de negociación o provisión de liquidez. Se aplicaría a las transmisiones realizadas después del 31 de diciembre de 2027.
Según el JCT, esta exención de pequeñas comisiones reduciría la recaudación federal en 2.365 millones de dólares hasta 2036. La propuesta no crea, sin embargo, una exención general de 10 dólares para compras realizadas con bitcoin u otras criptomonedas. La excepción se limita a las comisiones relacionadas con las transacciones, por lo que la mayoría de las compras seguiría sujeta al tratamiento actual de los activos digitales como propiedad.
El ajuste se compensa con cambios para operadores e inversores
La Cámara pretende recuperar ingresos mediante la extensión de las reglas de venta ficticia a los activos digitales negociados, salvo las stablecoins estadounidenses que cumplan las condiciones previstas. En la actualidad, esas reglas se aplican principalmente a acciones y valores. Por ello, un inversor puede vender bitcoin con pérdidas, recomprarlo inmediatamente y, en general, mantener el derecho a utilizar fiscalmente esa pérdida.
H.R. 10357 limitaría esa estrategia y alcanzaría también ciertos activos económicamente equivalentes, incluidas versiones envueltas y tokenizadas. El JCT calcula que este cambio aportaría 1.707 millones de dólares adicionales a las arcas públicas durante el periodo presupuestario analizado.
El texto ampliaría asimismo el acceso a la valoración a mercado para operadores y negociantes de activos digitales cuya actividad constituya un negocio. El comité fiscal estima que esta modificación generaría otros 2.332 millones de dólares. En conjunto, ambas disposiciones aportarían más de 4.000 millones, una cifra que permitiría compensar parte de las rebajas incluidas en el proyecto.
Préstamos, staking y regularización de declaraciones
La reforma extendería a determinados préstamos de activos digitales el tratamiento fiscal que ya existe para el préstamo de valores. Las operaciones que cumplan las condiciones previstas, incluida la devolución de activos equivalentes, podrían evitar el reconocimiento inmediato de ganancias o pérdidas como si se hubiera producido una venta.
Los fondos de inversión también tendrían un cambio específico. Un vehículo que cumpla los requisitos fiscales no perdería su estatus únicamente porque su administrador ponga en staking los activos digitales que mantiene. Para mineros y participantes individuales, en cambio, los ingresos obtenidos por validar transacciones seguirían considerándose renta ordinaria y el marco temporal actual continuaría reconociendo las recompensas cuando el contribuyente obtiene el control sobre ellas.
La propuesta no recoge, por tanto, la posibilidad defendida por parte del sector de aplazar la tributación de las recompensas de minería o staking hasta la venta de los activos. Además, el Tesoro tendría que crear un programa voluntario de regularización para que determinados contribuyentes puedan corregir declaraciones anteriores, abonar impuestos e intereses pendientes y optar a una reducción de algunas sanciones.
La votación del comité será el primer examen del acuerdo. Los legisladores aún pueden modificar el texto antes de decidir si lo trasladan al pleno de la Cámara. Después tendría que pasar por el Senado y recibir la aprobación presidencial. Cualquier cambio en las disposiciones sobre ventas ficticias, comisiones o stablecoins podría alterar la previsión de 500 millones de dólares de recaudación neta.
