El Senado de Estados Unidos votará este martes, 15 de septiembre, si permite abrir el debate sobre la ley CLARITY, el proyecto que pretende establecer un marco federal para el mercado de criptomonedas. La votación está prevista para las 20:15, hora peninsular española, y exigirá al menos 60 apoyos. Los republicanos disponen de 53 escaños, por lo que necesitan sumar el respaldo de siete demócratas o independientes.
La Cámara no decidirá todavía si aprueba o rechaza la ley. Los senadores se pronunciarán sobre una moción de cierre del debate, un trámite destinado a superar el obstruccionismo y permitir que comience la discusión del texto. Incluso si sale adelante, la propuesta tendría que afrontar después el proceso de enmiendas y una votación final.
Un marco común para el mercado cripto
La ley CLARITY busca aclarar qué normas se aplican a los distintos activos digitales y qué supervisor debe encargarse de cada área. El proyecto divide las competencias entre la Securities and Exchange Commission (SEC), responsable de los valores, y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que supervisa las materias primas y los derivados.
La clasificación resulta determinante. Los valores están sujetos a obligaciones de información y autorización más exigentes, mientras que las materias primas tienen un tratamiento diferente. El texto establece cuándo un token puede pasar de una categoría a otra, en particular cuando la red alcanza un grado suficiente de madurez y ninguna entidad mantiene un control excesivo sobre ella.
La propuesta también impondría obligaciones a las plataformas de negociación, los brókeres y los custodios, que tendrían que registrarse. Los emisores deberían informar sobre quién está detrás de cada proyecto, cuántos tokens existen y cuál es su función. Además, los fondos de los clientes tendrían que mantenerse separados del dinero de la plataforma, una medida vinculada a uno de los problemas que quedaron expuestos tras la caída de FTX en 2022.
Los usuarios conservarían la posibilidad de guardar sus criptomonedas en carteras propias, sin depositarlas en una empresa. El texto contempla asimismo una excepción para los desarrolladores de software descentralizado que no controlen ni custodien fondos de clientes. Las compañías del sector quedarían incluidas de forma explícita en las normas estadounidenses contra el blanqueo de capitales, con obligaciones de identificación de clientes y comunicación de operaciones sospechosas.
Un año de bloqueo en el Senado
El republicano French Hill presentó el proyecto el 29 de mayo de 2025. La Cámara de Representantes lo aprobó el 17 de julio de ese año por 294 votos frente a 134, con el apoyo de más de setenta demócratas. Después, el expediente quedó paralizado en el Senado, que comenzó a preparar su propia versión.
El Comité de Agricultura dio su aprobación en enero por 12 votos a 11 y el Comité Bancario hizo lo mismo el 14 de mayo por 15 a 9. La tramitación quedó relegada inicialmente por la ley de stablecoins GENIUS Act, firmada el año pasado por el presidente Donald Trump. Más tarde surgieron discrepancias sobre los intereses que las plataformas pueden pagar por las stablecoins, las normas éticas relacionadas con los negocios cripto de Trump y la responsabilidad de los desarrolladores de finanzas descentralizadas.
La senadora Cynthia Lummis presentó el 22 de julio un texto combinado, pero no hubo acuerdo antes del receso de verano. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, activó el 8 de agosto el procedimiento que desembocará en la votación del martes.
El coste de un nuevo fracaso
Si la moción no alcanza los 60 votos, el calendario legislativo se estrecharía considerablemente. Según la fuente, quedarían menos de 36 días de sesiones en el Senado para debatir, tramitar enmiendas y votar el proyecto. Después, la Cámara de Representantes tendría que examinarlo de nuevo, ya que su versión no coincide con la aprobada por el Senado.
El 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara y 33 del Senado. Un cambio en el equilibrio de poder podría obligar a reiniciar buena parte del proceso cuando tome posesión el nuevo Congreso, en enero de 2027. Lummis advirtió de que la “próxima oportunidad real” podría no llegar hasta 2030.
El rechazo del martes no cerraría formalmente la iniciativa: Thune podría volver a plantear la moción si considera que reúne los apoyos necesarios. Mientras tanto, los presidentes de la SEC y la CFTC, Paul Atkins y Michael Selig, continuarán avanzando con sus propias normas para el sector. La diferencia es que esas decisiones pueden ser modificadas por sus sucesores con mucha más facilidad que una ley aprobada por el Congreso.
