Un jubilado de 75 años de Vigo perdió más de 190.000 euros en una estafa de recuperación de fondos, según las informaciones publicadas por Atlántico y La Región. La víctima realizó 33 transferencias por un total de 185.883 euros después de que una mujer se presentara como «cripto reguladora de MICA» y le asegurara que Kraken retenía 73.410 euros procedentes de una estafa anterior.
La cantidad final, incluidos los gastos y comisiones asociados a las operaciones, supera los 190.000 euros. El caso está siendo investigado por la unidad de la UDEF de la Policía Nacional de Vigo, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Vigo. Por el momento, no constan detenidos, aunque hay dos presuntas «mulas» identificadas e investigadas, según La Región.
Una segunda estafa tras la primera pérdida
El hombre ya había perdido 10.000 euros en 2022 en una cuenta de Estonia. Ese antecedente fue utilizado para construir el nuevo engaño: las llamadas estafas de recuperación suelen dirigirse precisamente a personas que ya han sufrido un fraude y esperan recuperar su dinero.
La mujer que contactó con él afirmó ser una reguladora de criptomonedas y, según Atlántico, también dijo trabajar como autónoma para Deloitte. Le explicó que Kraken mantenía bloqueados 73.410 euros, una suma que supuestamente incluía los 10.000 euros perdidos y los intereses generados desde entonces.
Ni Kraken ni Deloitte tienen relación con el caso. Sus nombres habrían sido utilizados como reclamo para reforzar la apariencia de legitimidad. «Le di total credibilidad a esa llamada», declaró la víctima a La Región.
Para liberar los fondos, los estafadores le reclamaron distintos pagos. Entre los conceptos figuraban gastos de notaría, validación de identidad, trazabilidad, una póliza de seguro y una supuesta multa de regularización. Cada desembolso abría la puerta a una nueva petición.
El recorrido del dinero y la investigación
El jubilado llegó a vender el coche y otros bienes para poder afrontar los pagos. De acuerdo con las informaciones publicadas por ambos diarios, el dinero pasó por ocho cuentas situadas en distintos países, entre ellos Malta, Singapur y Kingstown, en San Vicente y las Granadinas. Una parte terminó en empresas que lo convertían en criptomonedas.
En una de sus cuentas, la víctima recibió además una transferencia de 22.653 euros. «Los estafadores me estuvieron utilizando para blanquear dinero», afirmó a Atlántico. El afectado sostiene que ninguno de sus bancos le alertó de las operaciones: dos se negaron a detener los pagos y un tercero no respondió.
El hombre denunció los hechos en diciembre de 2025 y pretende que las entidades sean consideradas «colaboradores necesarios» por un supuesto incumplimiento de la normativa del Sepblac. Se trata de su posición; no hay constancia de una decisión judicial que la respalde.
La diferencia entre una transferencia ordenada por la propia víctima tras ser engañada y una operación no autorizada puede ser relevante a la hora de reclamar al banco. La investigación deberá determinar también qué papel desempeñaron las presuntas «mulas» y si la reclamación contra las entidades financieras prospera.
MiCA no es un organismo que llame a particulares
MiCA es el reglamento europeo que regula los mercados de criptoactivos. No es un organismo con empleados que contacten con particulares para recuperar fondos. En España, la CNMV supervisa a los proveedores de servicios de criptoactivos, mientras que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) mantiene el registro europeo de proveedores autorizados.
Las autoridades europeas de supervisión —ESMA, EBA y EIOPA— han advertido de que una persona que se presenta como autoridad y ofrece recuperar dinero perdido a cambio de una comisión suele estar intentando cometer una segunda estafa. Kraken también indica que nunca pide enviar dinero para liberar, desbloquear o verificar fondos.
Ante una llamada de este tipo, la recomendación es no pagar ni facilitar datos personales o bancarios, verificar cualquier información directamente en la web oficial del exchange o de la CNMV y conservar mensajes, números de teléfono y justificantes. Si ya se ha realizado un pago, conviene avisar de inmediato al banco para intentar frenar o recuperar las transferencias y denunciar ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ofrece orientación gratuita a través del 017.
