La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha aclarado que las plataformas de criptomonedas establecidas fuera del país pueden quedar sometidas a su futuro régimen de autorización si prestan servicios a consumidores británicos. La obligación alcanzará a determinadas actividades reguladas a partir del 25 de octubre de 2027, aunque el plazo para solicitar las disposiciones transitorias comenzará el 30 de septiembre de 2026.
El supervisor publicó el 16 de septiembre su guía definitiva sobre el perímetro de los criptoactivos. El documento explica cuándo una plataforma extranjera, un custodio o un proveedor de servicios de staking puede considerarse incluido en el ámbito regulado del Reino Unido. Las empresas disponen de menos de dos semanas desde la publicación de la guía para empezar a analizar cómo acceden los clientes británicos a sus servicios.
El acceso del consumidor británico marca el límite
La FCA utiliza una definición concreta de “consumidor del Reino Unido”: una persona física que se encuentra en el país y actúa al margen de una actividad comercial, empresarial o profesional. Se trata de un concepto territorial establecido por ley, que puede no coincidir con las categorías de clientes utilizadas en otras partes del manual del supervisor.
El análisis parte de los principios territoriales ordinarios. Después, las disposiciones de la sección 418 de la legislación británica pueden considerar que determinadas actividades se realizan en el Reino Unido cuando implican a un consumidor de ese país, aunque el proveedor esté establecido en el extranjero.
La propia FCA ofrece un ejemplo aplicado a una plataforma de negociación de criptoactivos. Si la plataforma no está disponible para consumidores británicos y una entidad autorizada del Reino Unido opera en ella por cuenta propia, el operador extranjero queda fuera del perímetro de esa actividad. El resultado cambia si la entidad británica accede a la plataforma como agente de consumidores del Reino Unido: en ese caso, la plataforma extranjera entra en el ámbito regulado y necesitaría autorización.
La diferencia, por tanto, no depende únicamente de dónde está constituida la empresa. También importan quién accede al servicio y con qué capacidad opera la entidad británica que interviene en la transacción.
Custodia, staking y protocolos automatizados
La guía establece condiciones específicas para otros servicios. Un proveedor extranjero que custodie criptoactivos de un consumidor británico o que organice servicios de staking puede considerarse activo en el Reino Unido cuando actúa de forma independiente de una persona autorizada para prestar esa actividad.
La conclusión puede ser distinta si el proveedor actúa siguiendo las instrucciones de una entidad autorizada. En ese supuesto, la actividad queda fuera de la disposición concreta que permite considerar que el servicio se desarrolla en el Reino Unido.
Los servicios vinculados a interfaces de protocolos automatizados, incluidos los relacionados con finanzas descentralizadas, no reciben una respuesta general. La FCA señala que deberán analizarse caso por caso. El criterio será determinar si existe una persona identificable que desarrolla, como actividad empresarial en el Reino Unido, los elementos de una actividad regulada.
Un plazo de transición sin conversión automática
Las solicitudes para acogerse a las disposiciones transitorias podrán presentarse entre el 30 de septiembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. Las nuevas actividades quedarán incorporadas al perímetro regulado el 25 de octubre de ese año.
La autorización o el registro que una empresa ya tenga no se transformará automáticamente para cubrir las nuevas actividades. Incluso una firma que ya esté autorizada podría tener que modificar el alcance de su permiso si este no incluye los servicios que pasarán a estar regulados.
La FCA advierte, además, de que la guía PERG recoge su interpretación de la legislación, pero no tiene fuerza vinculante ante los tribunales. En la práctica, exchanges, custodios, proveedores de staking e interfaces de protocolos descentralizados tendrán que aplicar sus criterios a la estructura y las funciones concretas de cada servicio.
