El sector de las criptomonedas ha comprometido decenas de millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, pero su alianza con Donald Trump está dando a los demócratas un argumento electoral: presentar los activos digitales como una muestra de la corrupción y del enriquecimiento del presidente.
La ofensiva financiera todavía puede crecer. Faltan once días para la votación y los comicios, en los que se renovará el Congreso, se han convertido en un examen para la presidencia de Trump. La corrupción figura entre las principales preocupaciones de los votantes y sitúa bajo escrutinio los vínculos económicos del mandatario con la industria cripto.
El dinero de Fairshake alimenta el mensaje demócrata
El caso más visible se desarrolla en Ohio, donde el exsenador demócrata Sherrod Brown intenta recuperar su escaño. Fairshake, un super PAC que puede gastar sin límites en campañas electorales, ha destinado al menos 40 millones de dólares a la campaña contra él.
Brown, que presidió la Comisión Bancaria del Senado, utiliza esa inversión como prueba de que el sector teme una eventual vuelta a la Cámara Alta. En el pódcast Pod Save America, sostuvo que los ataques responden a que sus promotores saben que les exigiría responsabilidades.
Fairshake se financia principalmente con aportaciones de Coinbase, Ripple y a16z Crypto. Sin embargo, sus anuncios contra Brown no mencionan expresamente las criptomonedas. Son sus adversarios quienes han situado el asunto en el centro de la campaña.
El senador demócrata por Virginia Mark Warner, por ejemplo, afirma en un anuncio que Trump ganó cientos de millones de dólares con su memecoin. El mensaje acusa al presidente de utilizar el poder para enriquecerse en lugar de gobernar y reclama medidas contra la corrupción.
La diferencia de escala también es significativa. En Florida, Fairshake gastó 2 millones de dólares en un intento fallido de derrotar al demócrata Oliver Gilbert en las primarias. Para la campaña contra Brown tiene preparada una suma veinte veces superior.
Trump concentra el coste político de la alianza
La industria de las criptomonedas es el mayor donante de MAGA Inc., el super PAC vinculado a Trump. El Center for American Progress calcula que sus contribuciones se aproximan a 89 millones de dólares.
Will Ragland, vicepresidente de investigación del centro, considera que la estrategia ha proporcionado beneficios al sector, entre ellos el archivo de procedimientos por parte de los reguladores. Pero también sostiene que la relación tiene un coste elevado y que la industria podría haber optado por otro camino.
Ese coste encaja con una preocupación que trasciende a las criptomonedas. En una encuesta de Fox News, el 88% de los votantes se declaró muy o extremadamente preocupado por la corrupción, por encima de quienes expresaron esa inquietud respecto a la inflación o los costes sanitarios. En cambio, las criptomonedas ocupaban el último lugar entre las prioridades de los encuestados en un sondeo de CoinDesk realizado en mayo.
Blockchain Association, una organización que representa los intereses del sector en Washington, asegura que seguirá trabajando con ambos partidos. La afirmación refleja la necesidad de mantener apoyo político más allá de la relación con la Casa Blanca, especialmente si el equilibrio de poder en el Congreso cambia tras las elecciones.
La ley Clarity queda pendiente
La disputa ya ha tenido consecuencias legislativas. La ley Clarity, diseñada para establecer un marco normativo para el mercado de las criptomonedas, quedó bloqueada el mes pasado en el Senado.
Los demócratas exigían reglas éticas más estrictas para los cargos públicos y consideraban insuficientes las concesiones que Trump estaba dispuesto a aceptar. La conexión entre el presidente, sus negocios cripto y la agenda regulatoria del sector se convirtió así en un obstáculo para avanzar en la norma.
Si el 3 de noviembre los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes y, eventualmente, también en el Senado, la aprobación de una ley sobre criptomonedas se alejaría aún más. Sherrod Brown ha advertido de que la industria sabe que está dispuesto a enfrentarse a ella. La inversión destinada a impedir su regreso puede terminar reforzando precisamente ese mensaje.
