La falta de regulación sobre cómo el crimen organizado utiliza las criptomonedas ha dejado a los países de América Latina y el Caribe peligrosamente expuestos, según un nuevo informe.
Centrado en el uso creciente de las criptomonedas en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México, este informe de Global Financial Integrity (GFI) pinta una imagen de una región donde la tecnología ha superado con creces la capacidad de la ley para mantenerse al día.
Antes de considerar el uso indebido de las criptomonedas, su uso en general ha aumentado rápidamente. Desde 2017 hasta principios de 2020, América Latina y el Caribe representaron el 6% de Bitcoins a nivel mundial. En 2020, subió al 15,8% y ha seguido aumentando desde entonces.
El lavado de dinero, la extorsión, el fraude y otros delitos han escalado a su lado. A continuación, InSight Crime destaca tres conclusiones clave del informe de GFI.
Marcos regulatorios endebles
Quizás la queja más fuerte del informe se centró en el mosaico de leyes y regulaciones que rodean a las criptomonedas en América Latina y el Caribe.
Un mapa de los marcos regulatorios de la región por país resaltó claramente la falta de un control sólido a nivel gubernamental. Solo seis países de los 32 analizados en el resumen regional de GFI de 2021 habían promulgado «leyes y regulaciones». Esto abarcó toda la gama, desde Bolivia, que prohibió las criptomonedas por completo, hasta El Salvador, que convirtió a Bitcoin en una moneda legal.
En El Salvador, el informe de GFI analizó cómo, para estimular la compra interna, el gobierno del presidente Nayib Bukele proporcionó a los salvadoreños un incentivo de $ 30 para descargar Chivo Wallet, respaldado por el gobierno, destinado a almacenar las tenencias privadas de bitcoin de las personas. Si bien aproximadamente el 61 % de los salvadoreños descarga Chivo Wallet, numerosos casos de piratería y fallas de seguridad por parte de la aplicación de la billetera han agriado su reputación y resaltado cómo la regulación no ha aumentado para igualar el ritmo del avance tecnológico.
En Argentina, un país con luchas económicas a largo plazo paralizantes, la criptomoneda se ha convertido en una de las muchas alternativas financieras paralelas que la gente ha adoptado para encontrar «métodos alternativos de ahorro e inversión», según el informe.
El país se ha movido rápidamente para tomar medidas enérgicas contra el delito cibernético a través de la criptomoneda, en parte debido a las obligaciones de hacerlo como parte de los planes de apoyo financiero internacional. La Fiscalía General del país ha creado una unidad especializada en delitos cibernéticos (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia – UFECI). Si bien el país no ha informado muchos casos de crimen organizado que use criptomonedas en Argentina, un hombre fue encarcelado en septiembre de 2021 por supuestamente lavar cientos de miles de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de Bitcoin.
Hablando de México, GFI identificó la Ley de Tecnología Financiera de 2018 del país como un raro ejemplo de regulación fuerte en este campo y un estándar regional. Si bien proporciona una hoja de ruta sólida para controlar y acompañar el crecimiento de las criptomonedas, aún necesita actualizaciones con respecto a la política contra el lavado de dinero. Esto es especialmente pertinente considerando cómo el crimen organizado mexicano ha aprovechado rápidamente las criptomonedas.
GFI notó el aumento en el uso de criptomonedas en organizaciones criminales transnacionales y cárteles de lavado de dinero, especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (Cártel Jalisco Nueva Generación – CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Incapacidad para rastrear transacciones entre cadenas
La naturaleza descentralizada de las criptomonedas agrava estos riesgos de lavado de dinero, ya que la información específica de las personas que realizan transacciones es más difícil de rastrear. Los usuarios no solo pueden comerciar con monedas digitales con monederos anónimos, sino que también pueden cambiar entre diferentes cadenas de bloques.
Esto significa que pueden convertir moneda de Bitcoin a Ethereum, por ejemplo, y aprovechar el hecho de que se requiere poca o ninguna información para hacerlo. Según Chainanalysis, una firma especializada en investigación de delitos criptográficos, tales requisitos de seguimiento a menudo no existen para las conversiones de criptomonedas, lo que agrega una capa adicional de anonimato codiciado para los lavadores de dinero.
Una vez más, GFI culpó a la falta de regulación en la región por invitar a mayores cantidades de actividad de lavado de dinero. Y en Venezuela, los riesgos de lavado de dinero que plantea el uso de diferentes criptomonedas han sido particularmente agudos.
En 2018, Venezuela lanzó su propia moneda digital, el Petro, para evadir las sanciones económicas internacionales. En 2021, InSight Crime informó que, si bien Petro pronto fracasó, «proporcionó cobertura para que el régimen de Maduro creara estructuras que permitirían a líderes militares corruptos lavar dinero en forma de intercambios de criptomonedas», según un experto.
