La probabilidad de que el Senado de Estados Unidos apruebe este año la ley CLARITY se ha desplomado hasta el 18% en Polymarket, después de haber alcanzado el 35% un día antes. El retroceso refleja las dudas que todavía mantienen varios senadores demócratas y la presión de distintos grupos para introducir cambios en el texto.
El mercado de predicción sitúa así en niveles bajos las opciones de que la norma avance en el calendario previsto. La próxima prueba llegará esta noche, a las 20:15, hora peninsular española, con una votación procedimental en el Senado. El proyecto necesita al menos 60 votos para continuar su tramitación.
La propuesta republicana no ha convencido a los demócratas
El repunte de Polymarket se produjo después de que los republicanos presentaran una versión revisada de la ley. Entre sus cambios figura un endurecimiento de las normas sobre conflictos de interés, una modificación que los operadores interpretaron como una señal de que las negociaciones podían acercar a ambos partidos.
Sin embargo, ese optimismo se desvaneció rápidamente. El senador demócrata Mark Warner considera insuficientes las nuevas disposiciones sobre conflictos de interés. Raphael Warnock también mantiene una posición crítica y sostiene que el Senado no debería continuar con el proyecto mientras no ofrezca una protección suficiente frente a posibles casos de corrupción que, según afirma, ya estarían produciéndose.
Ruben Gallego, igualmente demócrata, tampoco ve suficiente la última propuesta republicana. Los senadores de su partido han enviado una contrapropuesta a los negociadores republicanos con el objetivo de alcanzar un acuerdo, aunque el bloque demócrata no mantiene una posición completamente unánime.
La senadora Kirsten Gillibrand habría pedido internamente a sus compañeros que apoyen el paso procedimental. En el lado republicano, no obstante, el margen para nuevas concesiones parece reducido. Cynthia Lummis sostiene que el presidente Donald Trump ya ha aceptado dos cambios relevantes en materia de conflictos de interés y que su partido no tiene “nada más que ceder”.
La ley busca repartir la supervisión de las criptomonedas
La CLARITY Act pretende establecer con mayor precisión qué competencias corresponden a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil estadounidense, y cuáles quedan bajo la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), responsable de los mercados de materias primas. Para el sector cripto, la norma puede definir el marco regulatorio aplicable a empresas y desarrolladores en Estados Unidos.
La presión contra el texto no procede solo del Senado. Una coalición de fiscales generales estadounidenses se ha opuesto a la versión actual. También la Indian Gaming Association ha pedido a las tribus asociadas que insten a los senadores a votar en contra. La organización considera que las disposiciones sobre finanzas descentralizadas no protegen suficientemente frente a los efectos de los mercados de predicción basados en criptomonedas.
Ocho asociaciones bancarias estadounidenses reclaman cambios adicionales. Su principal preocupación es que la ley no impediría de forma suficiente que las empresas cripto ofrezcan recompensas vinculadas a stablecoins con características similares a los intereses de una cuenta bancaria. Los bancos temen que esa situación desplace fondos desde las cuentas tradicionales hacia las stablecoins.
Una votación favorable no aprobaría todavía la norma
La industria cripto defiende, en cambio, la aprobación del proyecto. Summer Mersinger, directora de la Blockchain Association, afirma que el sector ya ha realizado concesiones importantes para reunir apoyos de ambos partidos. A su juicio, unas reglas claras son necesarias para proteger a los consumidores y evitar que empresas y desarrolladores abandonen Estados Unidos.
La votación de esta noche solo decidirá si la ley puede seguir avanzando. Incluso si alcanza los 60 votos requeridos, todavía deberá superar varios pasos legislativos antes de que pueda aprobarse y entrar en vigor. Esa incertidumbre es la que Polymarket refleja ahora con una probabilidad del 18% para su aprobación durante este año.
