XRP cayó más de un 8% después de que el Senado de Estados Unidos bloqueara el avance de la Digital Asset Market Clarity Act, conocida como CLARITY. El token llegó a marcar 1,27 dólares antes de recuperar parte del terreno hasta situarse en torno a 1,29 dólares, según los datos de CryptoSlate, en una sesión marcada también por la debilidad general del mercado de criptomonedas y las liquidaciones de posiciones largas apalancadas.
El movimiento prolonga la caída desde los aproximadamente 1,42 dólares del 14 de septiembre. El retroceso se produjo después de que los legisladores estadounidenses rechazaran la moción para avanzar con el proyecto H.R. 3633. La votación, con 49 votos a favor y 50 en contra, no alcanzó el respaldo necesario para cerrar el debate de procedimiento y llevar la iniciativa a la siguiente fase en el Senado.
El resultado deja sin una vía legislativa inmediata uno de los principales objetivos de la industria cripto: establecer por ley un marco federal sobre la estructura del mercado de activos digitales. Para Ripple, la compañía vinculada a XRP, el revés político llega en un momento en el que intenta aprovechar la posición regulatoria que el activo ha ganado en Estados Unidos.
Ripple trata de contener el impacto del revés legislativo
El consejero delegado de Ripple, Brad Garlinghouse, reconoció que el resultado “duele”, aunque sostuvo que no cambia la trayectoria comercial de la empresa. El ejecutivo apuntó a la demanda procedente de las finanzas tradicionales y del sector de los activos digitales, y defendió que la votación fallida no altera el impulso, la presencia internacional ni la base de clientes de Ripple.
La compañía también ha señalado que mantiene una demanda sólida en áreas como los pagos, las stablecoins y los mercados institucionales. Su mensaje es que la expansión internacional continuará pese a la falta de avances en el Congreso, al tiempo que seguirá presionando para conseguir reglas más claras en Estados Unidos.
La caída de XRP tampoco ha borrado el interés institucional por productos vinculados al token. Los fondos cotizados de XRP al contado en Estados Unidos acumulaban entradas netas de unos 1.710 millones de dólares hasta el 14 de septiembre y contaban con aproximadamente 1.580 millones de dólares en activos netos. En el conjunto de categorías estadounidenses de fondos cotizados de criptomonedas de un solo activo analizadas en esos datos, XRP solo quedaba por detrás de bitcoin y ether, y superaba a Solana, que acumulaba cerca de 1.370 millones de dólares en entradas.
La claridad regulatoria de XRP sigue vigente, pero depende de las agencias
Stuart Alderoty, director jurídico de Ripple, sostiene que el tratamiento regulatorio favorable para XRP no desaparece con el fracaso de CLARITY. Su argumento se apoya en las medidas adoptadas en marzo por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
La SEC publicó entonces una interpretación a escala de la Comisión sobre la aplicación de las leyes federales de valores a varias categorías de criptoactivos. La CFTC indicó que administraría la Commodity Exchange Act de acuerdo con ese marco. XRP figuraba entre los 18 activos identificados como materias primas digitales atendiendo a sus características, condiciones y funciones en ese momento.
Ese tratamiento continúa en vigor y ofrece a XRP una referencia regulatoria que el activo no tuvo durante buena parte del prolongado litigio entre Ripple y la SEC. Sin embargo, su solidez no es comparable a la de una ley aprobada por el Congreso. La interpretación de marzo se basa en normas ya existentes, deja margen a la SEC para modificar su enfoque y mantiene el análisis de cada operación bajo el test de Howey.
Esto significa que una materia prima digital que no sea, por sí misma, un valor puede aun así ofrecerse o venderse dentro de un contrato de inversión sujeto a la legislación sobre valores. Con el Congreso bloqueado, Ripple espera que el presidente de la SEC, Paul Atkins, y el de la CFTC, Mike Selig, asuman un papel más relevante en la definición de las reglas del sector.
Las agencias pueden precisar cómo se aplican las normas actuales a la negociación, la custodia y otras actividades relacionadas con las criptomonedas. Pero una división más amplia de competencias entre la SEC y la CFTC seguiría requiriendo una decisión legislativa. La próxima prueba para Ripple será comprobar si la demanda por XRP resiste el revés del Senado y si las interpretaciones de los reguladores pueden convertirse en un marco más duradero.
