Los senadores republicanos han presentado una nueva versión de la CLARITY Act, la propuesta legislativa que pretende establecer un marco federal para el mercado de las criptomonedas en Estados Unidos. El texto incorpora normas éticas más estrictas para cargos públicos, un cambio respaldado por el presidente Donald Trump y concebido como la “última, mejor y definitiva oferta” del Partido Republicano a los demócratas.
La revisión llega después de meses de bloqueo en el Senado. La votación decisiva será la de la cloture, el trámite que permite abrir el debate legislativo. Está prevista para el martes a las 20:15, hora peninsular española, y requiere 60 votos de los 100 senadores. Los republicanos controlan 53 escaños, por lo que necesitarían sumar al menos siete apoyos demócratas o independientes si todos sus senadores respaldan la iniciativa.
El nuevo paquete de normas éticas
El proyecto tiene 635 páginas y ha sido elaborado por Cynthia Lummis, John Boozman y Tim Scott. Según los senadores republicanos, incluye 126 cambios de contenido solicitados por los demócratas. La parte ética es la que más modificaciones ha recibido y también el principal obstáculo que había impedido avanzar las negociaciones.
La nueva redacción prohíbe a los cargos electos, los jueces y sus cónyuges emitir o patrocinar sus propias criptomonedas. Además, quienes mantengan participaciones significativas deberán venderlas o transferirlas a un fideicomiso ciego, gestionado por un tercero sin intervención ni conocimiento directo del propietario.
El texto permite también que los estados hagan cumplir estas reglas por su cuenta, una posibilidad a la que la Casa Blanca se había opuesto hasta ahora. Las infracciones podrían castigarse con una multa de 500.000 dólares o del 20% del importe de la operación prohibida, aplicándose la cantidad que resulte mayor.
“El presidente Trump aceptó voluntariamente unas restricciones éticas sin precedentes”, afirmó Lummis, que sostuvo que los demócratas han obtenido las condiciones que reclamaban. La sanción mínima, no obstante, tendría un impacto limitado sobre Trump en términos relativos: equivale aproximadamente al 0,04% de los más de 1.400 millones de dólares en ingresos vinculados a las criptomonedas que declaró el año pasado.
Reparto de competencias y protección para los bancos
La CLARITY Act distribuiría la supervisión del sector entre la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La SEC conservaría la competencia sobre los valores, mientras que la CFTC asumiría la de las materias primas y los mercados de futuros. La mayoría de los tokens quedarían bajo la autoridad de esta última cuando sus redes alcancen un grado suficiente de descentralización.
Las plataformas de negociación tendrían que registrarse y mantener separados los fondos de sus clientes de los recursos propios. Los desarrolladores de software descentralizado contarían con una exención que la nueva versión amplía a mineros y validadores.
El texto también aborda el conflicto en torno a las remuneraciones que las plataformas pagan por las monedas estables. Los bancos, especialmente los pequeños y locales, temen que esos productos atraigan parte de los depósitos de sus clientes. Como respuesta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, podría limitar esas remuneraciones si se produce una pérdida masiva de depósitos en la banca local. La facultad caducaría a los 18 meses.
El mercado descuenta más posibilidades, pero el resultado sigue abierto
La probabilidad de que la CLARITY Act se convierta en ley este año pasó aproximadamente del 22% al 35% en Polymarket, su nivel más alto desde finales de julio. En paralelo, el mercado cripto reaccionó al alza. Bitcoin (BTC) avanzaba un 0,57% frente a la jornada anterior y se había recuperado casi un 2% desde el mínimo de 76.400 dólares registrado al inicio de la noche.
Nate Geraci, presidente de NovaDius Wealth Management, consideró positivo que la iniciativa reúna los votos necesarios, aunque sostuvo que la ley no es imprescindible para que la SEC y la CFTC sigan actuando durante la Administración Trump. En su opinión, funcionaría principalmente como un acelerador del proceso regulatorio.
Si la votación alcanza los 60 apoyos, comenzará el debate y se abrirá la fase de enmiendas. Si fracasa, el calendario legislativo se estrecha: la Cámara de Representantes ha retirado de su agenda las semanas del 21 y el 28 de septiembre, y el 5 de octubre comienza el receso electoral. Lummis advirtió de que, en ese escenario, el proyecto podría no volver a debatirse hasta 2030.
