Los republicanos del Senado de Estados Unidos han presentado una nueva versión de la CLARITY Act con más de un centenar de cambios, incluidos varios reclamos planteados por los demócratas. La revisión, sin embargo, deja prácticamente intactos dos de los asuntos que han impedido cerrar un acuerdo: las normas éticas aplicables a los cargos públicos y el tratamiento de la rentabilidad asociada a las stablecoins.
El proyecto afrontará una votación procedimental el 15 de septiembre. Para que el Senado permita que avance necesita 60 votos, frente a los 53 escaños republicanos. Por ahora, ningún senador demócrata respalda la nueva versión, de modo que los puntos que permanecen abiertos pueden resultar determinantes.
Más controles para la llamada ‘falsa DeFi’
Entre los cambios incorporados figura una regulación más concreta para determinados protocolos que se presentan como descentralizados, pero que todavía pueden ser controlados o modificados por una persona o un grupo. La nueva redacción exigiría que esas plataformas se registrasen ante la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
El texto también delimita con mayor claridad el alcance de las protecciones reservadas a la DeFi considerada auténtica. Estas quedarían circunscritas de forma más explícita a operaciones al contado y en efectivo. El objetivo es diferenciar los protocolos sin un control identificable de aquellos que mantienen mecanismos de gestión o intervención pese a utilizar una estructura aparentemente descentralizada.
La senadora republicana Cynthia Lummis ha señalado que la revisión incorpora más de un centenar de modificaciones solicitadas previamente por los demócratas. Entre ellas se incluyen fondos adicionales para la CFTC, medidas más estrictas contra los defraudadores y nuevos requisitos para determinadas plataformas de criptoactivos.
La ética de los políticos sigue sin resolver
El apartado ético apenas cambia en la nueva propuesta. La versión actual impide que los cargos públicos, los empleados de la Administración y sus cónyuges emitan o patrocinen activos digitales mientras ocupen sus puestos. La inversión personal en criptoactivos, no obstante, continúa permitida, y las restricciones no se aplican automáticamente a los hijos de los políticos.
Los demócratas reclaman límites más amplios para los intereses relacionados con las criptomonedas del presidente Donald Trump y de su familia. La ausencia de cambios sustanciales en esta sección mantiene uno de los principales focos de conflicto político de la ley.
La cuestión tiene un peso especial porque estas disposiciones fueron, junto con las relativas a las stablecoins, uno de los obstáculos que bloquearon las negociaciones durante los últimos meses. La revisión ha modificado decenas de puntos del proyecto, pero no ha despejado los asuntos con mayor carga política.
El rendimiento de las stablecoins enfrenta a bancos y plataformas
El segundo escollo se refiere a la posibilidad de que las plataformas cripto ofrezcan intereses u otras recompensas por mantener stablecoins. Los bancos temen que este mecanismo desvíe depósitos hacia empresas del sector digital, mientras que la industria cripto defiende conservar esa opción.
La nueva versión tampoco altera de forma relevante este apartado. Por ello, la votación del 15 de septiembre se perfila como el momento decisivo para comprobar si el proyecto puede reunir los apoyos necesarios o vuelve a quedar bloqueado.
El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, sostuvo anteriormente que el sector obtendrá más claridad regulatoria incluso si la votación fracasa, porque la SEC y la CFTC estarían preparadas para desarrollar sus propias normas. Pero, en el plano legislativo, la CLARITY Act sigue siendo una de las oportunidades federales más importantes del año para establecer un marco amplio sobre los criptoactivos.
