La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado 38 demandas separadas contra entidades a las que acusa de aparentar ser asesores de inversión legítimos mediante información falsa o engañosa. El supervisor sostiene que las compañías utilizaron documentos oficiales para figurar en una base de datos pública y atraer a inversores minoristas, aunque su presencia en ese registro no implicaba que hubieran sido aprobadas o verificadas por el regulador.
La SEC comunicó las acciones judiciales el 27 de agosto. Entre las entidades demandadas aparecen nombres vinculados claramente con el ecosistema de los activos digitales, como CryptoOrbit, Pinnacle Crypto Exchange y Web3 University. No obstante, el regulador no afirma que las 38 empresas desarrollaran actividades relacionadas con las criptomonedas.
Datos repetidos y direcciones que no coincidían
La investigación detectó un patrón común en la información presentada por varias de las compañías. Según las demandas, algunas declararon exactamente las mismas cifras de activos bajo gestión, el mismo número de clientes y los mismos importes mínimos de inversión.
También surgieron inconsistencias en los datos de contacto. Algunas entidades no se encontraban en las direcciones que habían comunicado, mientras que determinados números de teléfono no funcionaban o pertenecían a otras empresas. En otros casos, las compañías aseguraban que sus cuentas habían sido revisadas por auditores que los investigadores no pudieron localizar en los registros correspondientes.
La SEC afirma que pidió documentación para respaldar los activos, los clientes y las actividades declaradas, entre otros elementos. De acuerdo con el contenido de las demandas, las empresas no aportaron esas pruebas.
La presencia en una base de datos no equivale a una aprobación
El mecanismo que habría permitido proyectar esa apariencia de legitimidad está relacionado con la figura de los Exempt Reporting Advisers, o asesores declarantes exentos. Se trata de asesores de inversión que, al acogerse a una exención, no tienen que completar el registro ordinario ante la SEC, aunque sí deben presentar cierta información al supervisor.
Esos datos pueden hacer que el nombre de una entidad aparezca en una base de datos oficial estadounidense. Para un inversor, esa presencia puede confundirse con una revisión o una autorización por parte del Gobierno. La SEC subraya, sin embargo, que la inclusión en el registro no significa que haya comprobado todos los datos aportados ni que haya aprobado la actividad de la empresa.
Algunas de las entidades habrían ido más allá y colocado certificados falsos en sus páginas web para reforzar esa impresión. Según el supervisor, esos documentos incorporaban datos reales de registro, un elemento que podía hacerlos parecer auténticos.
La investigación sigue abierta
Por ahora, la SEC no ha precisado cuántas personas llegaron a transferir dinero a las entidades ni cuál podría ser el número de inversores afectados. Las demandas sí apuntan a una posible dimensión internacional: varias direcciones IP utilizadas para presentar documentación ante el supervisor estarían vinculadas a ubicaciones fuera de Estados Unidos, aunque no se han identificado los países.
El regulador solicita al juez multas, prohibiciones permanentes y la exclusión de las entidades del sistema utilizado para presentar los informes. También pide que esos documentos sean retirados de la base de datos pública.
El FBI colaboró en la investigación a través de la Operation Level Up, una iniciativa destinada a localizar y advertir a posibles víctimas de fraudes de inversión. En cualquier caso, las acusaciones todavía deben resolverse en los tribunales: las 38 entidades han sido demandadas, pero será un juez quien determine si infringieron efectivamente la ley.
