Estados Unidos ha ampliado sus sanciones contra la red de financiación de Hamás tras atribuir a dos organizaciones benéficas y tres personas en Francia el envío de fondos, incluidos cientos de miles de dólares en criptomonedas, a un miembro de su ala militar. La medida incorpora a los cinco nombres a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La decisión, anunciada el 2 de octubre, afecta a Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid y Saleem Abdallah Saleem al-Zaq. Según el Tesoro estadounidense, Barika y Oualid, ambos residentes en Francia, transfirieron criptoactivos por valor de cientos de miles de dólares a al-Zaq, al que identifica como un comandante adjunto de batallón de la rama militar de Hamás en Gaza.
La acusación distingue entre las donaciones y los criptoactivos
El Departamento del Tesoro sostiene que los dos recaudadores de fondos y las organizaciones relacionadas obtuvieron más de 2 millones de dólares para Hamás entre 2020 y 2026. La agencia, sin embargo, no afirma que la totalidad de esa cantidad se moviera mediante activos digitales.
La cifra de más de 2 millones corresponde al volumen de fondos que, según la acusación, fue recaudado para la organización. Las operaciones con criptomonedas atribuidas específicamente a Barika y Oualid representan solo una parte de ese importe, aunque el Tesoro no ha detallado qué proporción. La distinción es relevante porque separa la actividad de captación en su conjunto de las transferencias digitales que las autoridades dicen haber rastreado.
Las nuevas designaciones amplían el número de contrapartes que las plataformas de criptomonedas y las empresas de pagos sujetas a la normativa estadounidense deben identificar y bloquear. OFAC aplica a los activos digitales el mismo marco de sanciones que utiliza para las divisas tradicionales y otros bienes.
Qué obligaciones afrontan los operadores de criptomonedas
Los brókeres, custodios y procesadores de pagos estadounidenses deben impedir el acceso a cualquier propiedad en la que las personas o entidades sancionadas tengan un interés cuando esos activos entren bajo su posesión o control. Solo una licencia o una exención de OFAC permitiría operar en esos casos.
La obligación no se limita a los cinco nombres publicados. También alcanza a las sociedades cuya propiedad corresponda en un 50% o más, de forma directa o indirecta, a una o varias personas bloqueadas. Por ello, los equipos de cumplimiento pueden verse obligados a revisar estructuras corporativas y relaciones que no aparezcan de forma explícita en la lista.
Si una empresa regulada en Estados Unidos localiza criptoactivos pertenecientes a una persona sancionada, debe impedir su uso y comunicarlo a OFAC en un plazo de diez días laborables. Los bienes bloqueados están sujetos además a obligaciones de información anual. La normativa no exige convertir las criptomonedas inmovilizadas a dólares: los custodios pueden conservarlas en su formato original, siempre que el titular sancionado no pueda acceder a ellas ni transferirlas.
Riesgo también para intermediarios extranjeros
El alcance de la medida puede superar las fronteras estadounidenses. El Tesoro advierte de que las entidades financieras extranjeras podrían exponerse a sanciones secundarias si facilitan de forma consciente operaciones significativas para personas designadas bajo la autoridad correspondiente. La advertencia eleva el riesgo de cumplimiento para plataformas extraterritoriales y otros intermediarios que mantengan vínculos con la red investigada.
Eso no equivale a un bloqueo mundial de todas las transacciones de blockchain relacionadas con los sancionados. La aplicación dependerá de la jurisdicción, la titularidad de los activos, la intervención de bienes bloqueados y, en algunos casos, de la relevancia de la operación y del conocimiento que tuviera el intermediario.
El siguiente foco estará en si las autoridades estadounidenses identifican nuevas direcciones de monederos, intermediarios o entidades vinculadas a esta supuesta red de recaudación. Cualquier publicación adicional podría ampliar las revisiones de las plataformas y obligarlas a reevaluar operaciones históricas relacionadas con la actividad atribuida por el Tesoro.
